VIVIENDA
La Corrala: el Bronx de Cádiz
El edificio okupado de la Segunda Aguada se ha convertido en un punto peligroso y en asignatura pendiente de las instituciones
Un fortísimo olor a orín, basura en el suelo, un carro de la compra con objetos sucios, los buzones de la cartería forzados y llenos de latas, botellas y papeles y, al fondo, una puerta negra metálica con un cartel que reza: «mira, aquí estamos muchas familias. Al que coja cagando o meando le parto las piernas. Que sepa que no hay perdón y que me da lo mismo el que sea, ok». Escaleras arriba, pisos, más suciedad y hedor. Así es la entrada del edificio de la Corrala, en la esquina de la avenida de Portugal con la Segunda Aguada. «Sin duda es uno de los epicentros del tráfico de droga de Cádiz». Esta afirmación de la Policía Nacional define en lo que se ha convertido la Corrala de la Bahía con el paso del tiempo. De la okupación que una veintena de familias sin recursos hizo en enero de 2015 de un edificio de viviendas cerrado por quiebra de la promotora queda poco o nada. Han cambiado los ‘residentes’, la convivencia y el día a día dentro y fuera del edificio, que es señalado por la Policía como uno de los puntos negros de la seguridad de la ciudad y refugio del trapicheo de droga.
El edificio de la Corrala es refugio de delincuentes habituales que roban y luego van a comprar o consumir
Todo ello ha repercutido en el aumento de las quejas en el barrio. Vecinos y trabajadores de la zona ponen voz a una situación que califican de «insostenible». «De cuando empezó la Corrala a ahora la situación no tiene nada que ver, en veinte años que llevo en el barrio es la primera vez que tengo miedo». Habla M.M., es vecina de la zona pero prefiere ocultar su identidad. Asegura que es habitual el menudeo y las broncas. Un testimonio parecido es el que viven personas que trabajan en el edificio municipal Hermanas Mirabal, pegado a la Corrala y desde cuyas instalaciones se puede observar el estado de suciedad del edificio okupado y escuchar alguna pelea en sólo un rato.
También se pueden ver pequeños paneles solares caseros que algunos okupas han instalado en sus casas para tener luz (el edificio cuenta con placas solares pero no funcionan), alguna que otra bombona de butano al trasluz de las ventanas y mucha suciedad en el patio interior a pesar de que el Ayuntamiento cerró los bajos de acceso al edificio. Ese patio interior es el mismo desde el que los okupas intentaron hace un par de años enganchar la luz al edificio municipal, a una farola de la calle e incluso tiraron cable a la máquina del aire acondicionado de unas de las asociaciones que se encuentran dentro del equipamiento municipal. Lo estropearon y a día de hoy sigue sin funcionar.
Usuarios del edificio municipal se quejan del jaleo y los gritos que escuchan y ven desde allí puesto que los patios interiores de ambos edificios son colindantes y no tienen barreras visuales que los separen. «A pesar de que llevamos más de seis años aquí, lo que sucede ahora en el edificio de enfrente es demasiado, así no se puede », se quejan desde una de las entidades sociales. Vecinos y trabajadores de la zona coinciden en señalar que los okupas han cambiado. «Al principio en la Corrala había gente sin recursos ni vivienda, algunos venían de estar de okupa en pisos de San Severiano, algunos trabajaban, se les veía entrar y salir con uniformes de trabajo, lo que hicieron no era legal pero no afectó a la convivencia en el barrio, pero desde hace un tiempo el ambiente ha cambiado, hay muchas peleas dentro y trapicheo de droga fuera», explica la responsable de una de las asociaciones del Hermanas Mirabal.
Venta y consumo de rebujito
La policía está al tanto de esa transformación de la Corrala, no en vano tiene abiertas investigaciones policiales sobre la comisión de presuntos delitos que comienzan, o terminan, en la Corrala. El último episodio en saltar a la luz pública se produjo hace un par de semanas cuando un hombre agredió a otro con arma blanca en el interior de la Corrala. Los hechos están siendo investigados para esclarecer la autoría de la agresión. Pero este es sólo uno más. Los ciudadanos llevan tiempo pidiendo más presencia policial por un repunte de la droga en el entorno. La Policía Nacional está al tanto de lo que sucede. Conoce el patrón de actuación de mucha gente que vive o acude con frecuencia a la Corrala.
El perfil que trazan no deja lugar a dudas sobre el deterioro social de lo que sucede en el edificio okupa: «los autores de robos con fuerza en establecimientos comerciales tanto del casco histórico como de extramuros son, en muchas ocasiones, politoxicómanos que suelen ir a comprar droga a la Corrala; suelen cometer robos y luego se refugian allí para adquirir e incluso consumir droga», señalan fuentes policiales.
Jesús vive desde hace un año en la segunda planta con su pareja y su hijo y afirma que «aquí hay de todo»
El patrón suele ser el mismo: «roban por la noche, con el dinero sustraído van a la Corrala a cambiarlo por dosis de droga, sobre todo rebujito (heroína y cocaína)». Por este motivo la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) tiene varias investigaciones abiertas a fin de recabar pruebas incriminatorias por la presunta implicación de algunos ‘inquilinos’ de la Corrala en la comisión de delitos, una labor que no es fácil al no haber un padrón o censo de los residentes. No obstante, todo apunta a que algunos de los actuales moradores «se dedican al tráfico de drogas y a comprar efectos robados».
Desde dentro del edificio tampoco dicen lo contrario. Jesús, de 48 años, expresidiario y residente desde hace un año junto a su pareja y su hijo en la Corrala, afirma que «aquí hay de todo». Antes fue usuario de servicios sociales pero la ayuda del 50% del alquiler que recibía no era suficiente para pagar el piso y dejó de hacerlo y «meses después me tuve que ir». Ahora se busca la vida con una pequeña furgoneta haciendo portes «o lo que me salga». Admite que en el edificio hay droga pero «no todo el mundo se dedica a eso, sólo unos cuantos». En su opinión, para acabar con la marginalidad que recorre cada planta de la Corrala «se tiene que meter la policía y los servicios sociales porque vivir aquí no es agradable ni fácil», comenta mientras saca su bicicleta de un trastero de la planta baja. Él vive en la segunda planta, que es donde están agrupadas las familias con hijos.
Abandono institucional
La Corrala de la Bahía es sinónimo de marginalidad y peligrosidad pero también es el resultado del abandono institucional. Simboliza la desidia de los agentes públicos y privados (el inmueble pertenece al Banco de Santander) y representa en cierta medida el fracaso de las políticas al respecto.
Los okupas siguen criticando a los administraciones y dicen que nadie se interesa por ellos
Es fácil encontrar el edificio abierto y ver cómo entra y sale gente. Adultos, niños volviendo del colegio o grupos de jóvenes que cambian el rumbo cuando advierten la presencia de alguien ajeno al lugar. Pocos quieren hablar y contar lo que pasa de la puerta de cristal para adentro. Unos admiten vivir ahí, otros sólo dicen ir de visita de vez en cuando porque tienen familia o amigos. Si la puerta principal está cerrada, los vecinos del número 56 de la avenida de Portugal la abren con una simple tarjeta médica de la Seguridad Social. Quienes se prestan a charlar culpan, por este orden, al Ayuntamiento y a los bancos de estar como están. Aunque las personas que crearon la Corrala ya no viven ahí, los que le han sucedido han hecho propias las reivindicaciones contra el alcalde cuando éste, en 2015 antes de las elecciones, prometió a los okupantes primigeneos darles una solución que siguen esperando. «Aquí no se ha hecho nada», dice Jesús.
Críticas al Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Cádiz deposita toda responsabilidad en la entidad bancaria propietaria del edificio, a la que propuso hace un par de años que destinara el edificio a alquiler social y envió escritos para desbloquear la situación sin que se obtuviera respuesta, «por lo que el estado del edificio es responsabilidad suya», señalan desde el Consistorio. Respecto a las familias, el Ayuntamiento recalca que a las que okuparon el edificio en 2015 «se les fue dando apoyo y respuesta en la medida que los recursos municipales lo permitían», en contra de la «falta de respuesta» que hasta finales de 2016 invocaban los afectados públicamente, en la calle e incluso en el salón de Plenos.
No obstante, los actuales ocupantes de la Corrala no son destinatarios de esa solución prometida antes de las elecciones de 2015. «La situación ahora es distinta en cuanto a las personas que ocupan el inmueble y de las que no se tiene un registro», esgrimen desde San Juan de Dios, donde siguen apuntando al banco propietario del edificio de la Corrala como responsable, desmarcándose del compromiso de cualquier administración con los administrados, los ciudadanos.
La otra institución en liza, la Junta de Andalucía, se desvincula de competencia alguna sobre los menores que hay en el edificio. Expone que cuando no están tutelados o no están los padres la responsabilidad sobre los niños es de la Junta, pero si viven con sus familias -como es el caso- «no tiene por qué haber intervención de los servicios sociales territoriales, salvo que haya una denuncia municipal, que no la hay».
A este abandono institucional -avalado por la burocracia, una legislación confusa y la falta de interés político- se suma la deferencia del sistema hacia los bancos. La conjunción de estos elementos contribuye a que problemas incipientes se enconen y deriven en conflictos como el que se vive en la Segunda Aguada.
