El Ayuntamiento presenta tres alegaciones para desmontar a Subdelegación con la bandera

El Ayuntamiento ha presentado tres alegaciones al procedimiento ordinario interpuesto por la Subdelegación del Gobierno contra el Consistorio gaditano tras la colocación en la Plaza de la Constitución de una bandera republicana. El pasado viernes llegaba un auto del Juzgado de lo Contencioso número dos de Cádiz en el que se otorgaba el plazo de un día al Ayuntamiento para que justificara esta acción y remitiera el acuerdo municipal en el que se había decidido esta medida.

Desde el equipo de Gobierno, como primer argumento, han asegurado que «parece obvio que el mero hecho de que la Constitución configure la bandera oficial del Estado en el modo en el que lo hace, no supone obstáculo alguno para que pueda exhibirse una bandera de determinados colores, hoy no vigentes y que tan solo supone una mera referencia histórico».

Han añadido que «no supone obstáculo alguno el hecho de que la Constitución adopte como forma de gobierno la monarquía parlamentaria a la exhibición de una bandera histórica, que por sí misma, solo constituye un recuerdo de un determinado periodo histórico. El hecho de exhibirla no impone un determinado modelo político y la actual legislación no prohíbe que alguien pueda discrepar o pensar de forma diferente. Es más, la actual legislación de memoria democrática insta y apoya su recuerdo».

Por otro lado, el Gobierno local hace mención a la ubicación confirmando que «la ley de banderas hace referencia a edificios y establecimientos de la administración que sea. Una plaza, como es la de la Constitución, no se considera como tal y la ubicación de la bandera sólo cabe contemplarla como lo que es, el hecho de exhibirla en la vía pública. El Ayuntamiento sigue teniendo las banderas oficiales en todos sus edificios públicos y nada que esto tiene que ver con la exhibición de una bandera de unos determinados colores en la calle».

Solicitud de la plataforma

La razón que ofrecen sobre el acto de colocación de la bandera es porque se recibió una instancia de la Plataforma por la Memoria histórica en la que solicitaba la exposición, con motivo de las jornadas por la Memoria que ha organizado el Ayuntamiento. Han subrayado que el concejal de Memoria, Martín Vila, dio cuenta de ello verbalmente en la Junta de Gobierno, «precisamente para no vulnerar en modo alguno la ley 39/1981 precisando que se colocase de modo temporal y provisional en la vía pública y ajena a cualquier acto oficial del Ayuntamiento».

En su opinión, «ninguna ley infringe tal ubicación, que cuenta con autorización municipal y sin que la Subdelegación del Gobierno sea competente para disponer o quitar la ubicación de objetos de la vía pública».

Por último, el Ayuntamiento -en cuanto a garantizar la objetividad de las instituciones- alega que «no se incumple tal deber al autorizar y facilitar el acto de reconocimiento a aquellos a quien la ley ordena reconocer y reparar. La instalación de esta bandera es con motivo de las jornadas y con ocasión de actos de Memoria Democrática en relación con personas que la ley ordena honrar», han concluido.