PROGRAMA DE ALQUILER SOCIAL

El Ayuntamiento busca en el Obispado un nuevo aliado

El equipo de Gobierno pide ayuda a la Iglesia ante la escasa repercusión del programa de alquiler social -aprobado hace más de un año- y la ausencia de propietarios

El Ayuntamiento de Cádiz pretende llegar a un acuerdo con el Obispado para poder incorporar viviendas vacías a este plan. LA VOZ

ALMUDENA DEL CAMPO

El programa de alquiler social que el Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha en el mes de septiembre de 2016 tras haberse aprobado por la unanimidad de los grupos políticos representados en el arco plenario, parece que no ha obtenido los frutos esperados por parte del equipo de Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz en común. Tras la escasa repercusión de este programa y la ausencia de propietarios interesados en adherirse al mismo, el equipo de Gobierno ha movido ficha.

Así, el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la empresa municipal de vivienda Procasa, ha solicitado una cita al obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza , para proponerle participar en el programa municipal de Alquiler Social, antes llamado por el Gobierno local como Alquiler Justo.

La concejala delegada de Vivienda, Eva Tubío, perteneciente al grupo Ganar Cádiz ha explicado que, «dentro del marco para hacer una política de vivienda en coordinación con todos los agentes y colectivos de la ciudad, así como con las delegaciones del Ayuntamiento y la Delegación territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía, se ha enviado una carta solicitando una cita al Obispado ».

Tubío ha destacado que, dentro de la ronda de diálogo y contactos, «es necesario reunirse» con el Obispado de Cádiz para explicar las diferentes medidas puestas en marcha desde la delegación para garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, entre ellas el programa de alquiler justo/social que supone la puesta a disposición de vivienda vacía con la garantía del pago por parte de Procasa de las rentas por tres años, más gastos comunidad, más seguros, entre otros aspectos».

El equipo de Gobierno busca por tanto un nuevo aliado para el desarrollo de su política en la ciudad . Tras sus contactos con la Universidad de Cádiz, con la Diputación y con la Junta de Andalucía, el Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz llama ahora a la puerta de la Iglesia para intetar salvar un programa - el del alquiler social- que, según la oposición «ya nació fracasado».

Incorporación de viviendas vacías

El objetivo del encuentro que pretende celebrar el Gobierno local es «ver la posibilidad de incorporar posibles viviendas vacías del Obispado que se puedan acoger a este programa , con el compromiso firme del Ayuntamiento para abonar las rentas y demás beneficios de dicho programa». Destacar que esta institución es una de las mayores propietarias de la ciudad, por lo que -en caso de acuerdo- el equipo de Gobierno podría conseguir en parte sus objetivos.

La concejala responsable de Vivienda ha recordado que la finalidad de la ordenanza municipal es la de « impulsar el alquiler social de las viviendas desocupadas » a través de incentivos a la propiedad para ponerlas en el mercado de alquiler en condiciones dignas de habitabilidad a precios razonables para que puedan destinarse fundamentalmente, con el apoyo municipal, a los sectores de población que lo necesitan, con medidas para garantizar el pago de las rentas y el buen estado de conservación de la vivienda hasta la finalización del arrendamiento.

Activación de la economía local

Además, según ha señalado, busca impulsar la renovación de las viviendas y activar la economía local con las obras de adecuación que pueden ejecutar las empresas locales. Por su parte, en aquellos casos en los que la propiedad tenga dificultades para hacer frente a los gastos que suponen ejecutar las obras necesarias, se establecen ayudas, que serían créditos reintegrables a la propiedad.

Según recuerda el equipo de Gobierno, los beneficiarios de este programa son personas y familias inscritas en el padrón o que acrediten su residencia en la ciudad con una antelación mínima de seis meses y que se encuentren en una situación de necesidad inmediata de una vivienda. La propuesta de beneficiarios se realizará a instancias de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda.

«Constatación del fracaso del programa»

Desde la oposición, este movimiento por parte del equipo de Gobierno -aunque no les parece mal- supone «la constatación del fracaso de este programa, que nació mal confeccionado ».

PP y Ciudadanos aseguran que ahora se demuestra lo que ya se advirtió entonces, es decir, que el programa no era lo suficientemente atractivo como para que los propietarios se adhirieran al mismo y ahora, un año y medio después, « tienen que recurrir al Obispado para que le salven los muebles », destacan los populares.

En este mismo sentido se pronunciaron también los socialistas, que ya reclamaron al equipo de Gobierno una gestión «con eficacia» . A su juicio, el programa «se ha enfocado de manera sesgada desde el principio, sin tener en cuenta la realidad de la vivienda en nuestra ciudad y sin hacerlo atractivo y seguro ».

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