La Audiencia Nacional condena a un colaborador del Ayuntamiento de Cádiz a siete años de prisión

La Audiencia Nacional ha condenado al gestor cultural asentado en Cádiz y colaborador en materia de cultura del actual equipo de Gobierno municipal, Paco Cano, a una pena de siete años de prisión por estafa en relación a unos hechos presuntamente cometidos cuando era director artístico nacional de Arte y Naturaleza, una empresa de inversión en bienes tangibles vinculada a la estafa piramidal del 'caso Afinsa', que afectó a miles de inversores.

La peculiaridad del negocio, «netamente financiero», según indica el escrito, consistía en que los bienes que garantizaban las inversiones de los clientes eran obras de arte de valor «claramente insuficiente» para cubrir todas las sumas de dinero captadas en forma de depósitos a plazo fijo.

En el escrito de la Audiencia, en el que impone penas de entre 7 y 11 años de cárcel a todos los responsables, establece a Cano el menor de estos castigos, una condena idéntica a la de la directora, accionista y apoderada de la empresa Arte y Naturaleza, Ana Isabel Rodrigo.

Para el exdirector general de la empresa, Raúl García López, establece 13 años y cinco meses de prisión como «mano derecha» del expresidente Guillermo García del Toro en la estafa de 434 millones de euros a 19.360 perjudicados.

Asimismo, la sala exime de responsabilidad a García del Toro -fallecido el pasado mes de noviembre- aunque considera «acreditados los delitos de estafa agravada, insolvencia punible y falsedad contable».

Señala a García López como uno de los integrantes del «núcleo de colaboración íntima» también formado por su director financiero entre 2002 y 2006, Fernando Senent, ahora condenado a diez años de cárcel, y el administrador de hecho de Arte y Naturaleza, Mario Marina (siete años y medio). Sobre este último, el fallo asegura que, si bien se presentó en el juicio como una víctima más de la caída de la compañía, en la que invirtió 750.000 euros, ello no resta su vinculación en la trama, en la que actuó como «conocedor del verdadero carácter fraudulento y antieconómico de la empresa».

Para el exdirector comercial de Arte y Naturaleza, Andrés Macho Henares, al que García del Toro señaló durante el juicio por desarrollar un poder «muy por encima del deseado», ha dictado una pena de once años de prisión.

También castiga a la hija del fallecido, Alba María García, con nueve años de prisión, al no ser una «persona ajena sino directamente responsable de la estafa» dada su «cooperación en la creación y sostenimiento del engaño» piramidal en la medida que sobrevaloraba las obras que después la compañía ofrecía entre los afectados.

Los magistrados señalan al auditor, Francisco Vives Lluria, condenado a cuatro años de cárcel, como cómplice, por lo que deberá indemnizar de forma solidaria a los perjudicados en los 434 millones de euros estafados, en función del valor de la obra adjudicada a cada uno de los clientes en el caso de que optasen por quedarse con la misma.

En su declaración ante la sección tercera de la sala de lo Penal el pasado mes de junio, García del Toro explicó que la empresa, inicialmente Inversiones en Arte y Naturaleza, cambió su nombre en 2004 para eliminar el «matiz financiero» impropio de una sociedad mercantil. «En mi casa no nos dedicábamos a operaciones de ahorro, sino a comprar obras a artistas y a venderlas un poco más caras», sostuvo el acusado, para quien el fiscal solicitaba 20 años de cárcel.

Según relataba en su escrito de acusación Anticorrupción, García del Toro aprovechó su experiencia como comercial de Afinsa para constituir una empresa similar en 1996 basada en un negocio piramidal que captaba inversores bajo la promesa de una «altísima rentabilidad», superior a la ofrecida por las entidades bancarias.

Cano, colaborador municipal de Cultura

Francisco Miguel Cano fue acusado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) por su vinculación a la estafa cometida por Naturaleza y Arte como presunto responsable de un delito continuado de estafa, insolvencia punible, delito contra los derechos de los consumidores, falsedad contable y blanqueo.

Muy crítico con la gestión cultural del anterior equipo de Gobierno liderado por el PP, en la actualidad constituye una pieza importante en el engranaje municipal de la capital gaditana donde se ha convertido en un frecuente colaborador del gobierno local a través de la iniciativa ciudadana cultural que lidera denominada Plan C.

Desde esta plataforma ha ido estrechando lazos con el Ayuntamiento hasta conseguir, en enero de 2016, respaldo oficial para colaborar en cuestiones culturales dependientes de la administración municipal. De esta forma, a principios de este año el alcalde se refería a Cano y sus iniciativas como «la evidencia de que con la llegada del cambio hay nuevas maneras de trabajar por el bienestar de la ciudad» y anunciaba que utilizaría el Plan C como herramienta de trabajo municipal tras la firma de un convenio con el «promotor» de dicha iniciativa, Paco Cano.

Desde entonces Cano ha estado vinculado a destacados proyectos municipales como el diagnóstico de la ciudad, la organización de distintos certámenes, el Plan Director de Cultura o la estrategia para la reclamación de los fondos Edusi, además del Plan C, entre otros.