Playas de Cádiz
El alcalde se reunirá con los empresarios de los chiringuitos para buscar soluciones al conflicto
Los empresarios llevarán a cabo un cierre simbólico de sus instalaciones si no hay acuerdo para parar las sanciones
La polémica suscitada entre los empresarios de los chiringuitos y el Ayuntamiento de Cádiz sigue dando qué hablar a unos días del comienzo de la temporada alta de playas. El anuncio del Consistorio gaditano del inicio de cuatro expedientes sancionadores a cuatro empresarios por el incumplimiento de la legalidad vigente ha sentado como un jarro de agua entre los afectados.
Por este motivo, el propio alcalde José María González se reunirá el próximo viernes con los empresarios para exponer el asunto e intentar alcanzar un acuerdo. Los empresarios ya han manifestado su enfado a los responsables municipales, a quienes acusan de «incoherentes y desleales» por las medidas tomadas. Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA), José Antonio Medina , que adelantó que los afectados recurrirán dichos expedientes, al considerar que hay razones suficientes que demuestran que cumplen la legalidad.
Hay que recordar que estos expedientes sancionan, por un lado, el incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana , en lo que respecta a la superficie de ocupación, ya que en estos momentos superan los 150 metros cuadrados como máximo que recoge la normativa. Sin embargo, los empresarios han rebatido dicho argumento, asegurando que los metros ocupados son los mismos que el Ayuntamiento recogió en los planes de playa de los dos años anteriores y que fueron aprobados por la Junta de Andalucía. Además, ellos interpretan que la ocupación se refiere a la existencia de estructuras y no la ocupación de la arena con sillas y mesas.
«No entenemos que algo que antes era totalmente legal, ahora resulta que es ilegal. De hecho, se puede dar la paradoja de que en nuestra defensa utilicemos los mismos argumentos que utilizó el Ayuntamiento con la Junta cuando pidió el permiso para autorizarlo en años anteriores», ha apuntado el portavoz de los afectados.
Asimismo, Medina ha mostrado su desaprobación con el Consistorio gaditano, «ya que nos hemos enterado de la apertura de los expedientes sancionadores a través de los medios de comunicación. No se ha producido ni una llamada para comunicárnoslo», ha agregado, a la vez que ha mostrado su malestar con el actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, a quien asegura que pidió una reunión hace más de un mes para plasmar por escrito el convenio que les comprete a seguir pagando el canon al Consistorio. «Pero hasta ahora, la única llamada que hemos recibido fue la de anoche y directamente desde Alcaldía», ha subrayado.
No obstante, los empresario ya han acordado poner en marcha diversas medidas de protesta por la actuación municipal. En este sentido, está previsto un cierre simbólico de las instalaciones para el próximo lunes, en horario de ocho de la mañana a tres de la tarde, aunque algunos de los afectados podrían alargarlo a toda la jornada. «No creemos que sea lo mejor para la imagen de Cádiz que estemos saliendo en la prensa continuamente porque dicen que no cumplimos con la ley, cuando no es así», ha explicado. Asimismo, los empresarios ya han advertido que en caso de que tengan que retirar las terrazas de la arena, se verán obligados a despedir a numerosos trabajadores que están contratados.
La modificación sustancial
Por otra parte, desde la Asociación de de Empresarios de la Costa de Cádiz ya están trabajando en los argumentos que van a presentar durante el periodo de audiencia que hay abierto con motivo de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento al procedimiento de modificación sustancial que está tramitando la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Según el portavoz de los empresarios, «es totalmente incontestable en clave jurídica el traspaso de la titularidad de los chiringuitos a los actuales concesionarios porque el Ayuntamiento lo impulsó y no presentó alegaciones en su momento, por lo que el título se concedió», por lo que reconoció que en este momento se está abordando una respuesta con respecto a la ocupación de la superficie. A partir de ahí, será la administración autonómica la que tenga que dictar una resolución definitiva al respecto.
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