¿Poder absoluto o rencor político?

Sólo existe una verdad y es la que busca la Justicia, la que se trata de desenmarañar y extraer de un enredo de versiones que inculpan o exculpan según convenga. Este jueves quedará visto para sentencia el tercer juicio que ha sentado a Pedro Pacheco en el banquillo de los acusados. El ‘caso de la Casa del Rocío’ podría prorrogar la estancia en la cárcel del exalcalde más popular y longevo que ha tenido Jerez. El exregidor podría pasar más años entre rejas si el tribunal lo considera culpable de haber «regalado» unas reformas a la Hermandad del Rocío de la ciudad con cargo a unas obras en barriadas, que nunca se llevaron a cabo. La Sección Octava de la Audiencia Provincial acogía este miércoles la fase de conclusiones con las exposiciones de los informes de la Fiscalía, y los letrados de la defensa.

Comenzó el Ministerio Público quien insistió en el «poder absoluto» que tenía Pacheco para conseguir que se ejecutaran estas «obras capricho». «No surgieron de la nada», afirmó, sino que, según ha quedado demostrado a su juicio, se mantuvieron una serie de contactos y reuniones con tal fin. De uno de esos encuentros, en 2007, el fiscal mantiene que salió el encargo para «el rociero número uno», como denominó Pacheco al arquitecto municipal, Muñoz Alcántara. «Buscó a la persona apropiada para la realización de dicho proyecto». Para la acusación no es creíble por tanto que ni el exregidor ni el entonces gerente, Cruz de Sola, dijeran que no conocían dicho proyecto cuando lo recibieron y se lo enviaron a los técnicos.

Además, durante el transcurso de dichos trabajos en Almonte, el Ministerio Fiscal destacó que los acusados se trasladaron en más de una ocasión a la Aldea. Como ocurrió en verano de 2006. «A ese viaje fueron un delegado de Urbanismo, un arquitecto municipal y un beneficiario de la obra, ¿qué fin iba a tener dicho viaje en si no?». El fiscal recalcó que Muñoz Alcántara realizaba «visitas» cada 15 días «y en horario laboral» para supervisar las obras.

Clave es también para el Ministerio Público la reunión de enero de 2007. En ella se estableció cómo se pagaría dicha reforma. Según algunos testimonios el exalcalde, que niega su presencia en dicho encuentro, aseguró que se abonaría con obras menores a través de la Gerencia. Fue entonces cuando supuestamente Cruz de Sola afirmó que no permitiría que Pacheco entrara en la cárcel por hacer un regalo a la hermandad.«Esta frase sólo tiene sentido si va precedida de un acto delictivo», consideró el fiscal.

También es fundamental para la acusación que el hermano mayor reconociera que era «un regalo». Esta afirmación se sustenta en tres hechos para el Ministerio Público: primero, no había presupuesto, segundo, no había tiempo de tramitar un proyecto (la celebración del Rocío de ese año, 2007, se echaba encima y las obras no estarían listas a tiempo), y tercero, nunca se había hecho un convenio con una hermandad fuera de la localidad. No es creíble para la Fiscalía tampoco el hecho del desconocimiento del trámite por parte del hermano mayor ya que hay expedientes que demuestran que había gestionado otras obras anteriormente.

En cuanto a los participantes en este «concierto», la acusación da como probado que los delegados de zona –por quienes pasaban las obras menores ficticias– eran próximos al exalcalde, que el constructor, Grimaldi, «era el constructor por excelencia de la Gerencia», y que a los directores de área «les hicieron pasar por el aro».

Justamente la declaración del constructor es determinante para la acusación al haber reconocido éste que recibió el encargo expresamente de la Gerencia y que se le dijo que se le pagaría «con obras menores». En cuanto a la envergadura de la obra, el propio hermano mayor reconoció que se hicieron más intervenciones de las previstas, una cuantía que llegó a los 200.000 euros reclamados posteriormente por Grimaldi.

En cuanto a las facturas, el hecho de que se fraccionaran los pagos en menos de 30.000 euros también inducen al fiscal a concluir que se ideó así porque un montante mayor no hubiera permitido la arbitrariedad a la hora de elegir un arquitecto afín y tendría que haber pasado otra serie de controles.

En definitiva, para la Fiscalía todo se debió a un «acuerdo de escala piramidal donde al frente estuvo Pacheco que, por su capricho, decidió regalar una obra».

La defensa

También expuso sus conclusiones el abogado del exalcalde y del hermano mayor, Manuel Hortas. Según expuso, la tesis de la acusación está llena de «errores e inexactitudes» debido a que el fiscal se «ha dejado llevar por informes tendenciosos», que se hicieron por encargo de la ‘enemiga’ política de Pacheco, la exregidora socialista Pilar Sánchez, quien denunció el caso ante la Fiscalía.

Según Hortas, esto se debió a que realmente lo que quería era «disimular su propia ilegalidad» puesto quien ocupaba la responsabilidad entonces en la Gerencia no era Pacheco (cesado en marzo de 2007) sino el sustituto puesto por Sánchez. «No se le puede acusar de prevaricación porque ya no era quien tomaba las decisiones». Para la defensa, del periodo anterior al cese, sí quedan acreditadas las conversaciones pero «el desarrollo sustancial de la obra se hizo sin la presencia de Pacheco en la Gerencia. No se puede tener como autor a quien no tiene el control», expuso.

Hortas negó que existan pruebas de que el exregidor diera instrucciones concretas y señaló directamente a Grimaldi que fue quien presentó dichas facturas. «Cuando se le sorprende intentando cobrar esas facturas es evidente que él lo intenta justificar como sea», un cobro que, según manifestó, hubiera sido «imposible» de tramitar.

La defensa recordó que el caso nació de una causa abierta contra Grimaldi y afirmó no encontrar justificación que acredite la extensión de él a sus defendidos. «Es una acusación basada en el rencor. Las miserias políticas llevaron a encargar un informe que no se sostiene».

La Fiscalía ha rebajado las solicitudes de condena para el hermano mayor de la Hermandad del Rocío, de un año y medio a un año, para el arquitecto municipal, de dos años a uno y medio y para el constructor que hizo la reforma, de tres a dos años de prisión. Sin embargo, el fiscal mantiene intacta la petición de seis años de prisión para Pacheco por varios presuntos delitos continuados de falsedad en documento oficial y mercantil y fraude en la administración, en concurso medial con el delito de malversación en grado de tentativa.

Está previsto que el juicio quede visto para sentencia este jueves, una vez culminen las exposiciones de las conclusiones de todas las defensas y los diez acusados hagan uso de su derecho a la última palabra.

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