Pacheco defiende su inocencia y atribuye su imputación a «maldad política»

El exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, defendió ayer su inocencia y atribuyó a la «maldad política» su imputación y la de sus técnicos y el hermano mayor de la Hermandad del Rocío en el Caso ‘Casa del Rocío’, que ha juzgado durante tres semanas la Sección Octava de la Audiencia Provincial y que ayer quedó visto para sentencia.

En su intervención ante el tribunal tras hacer uso del derecho a la última palabra, el exalcalde criticó que «curiosamente» en el banquillo de los imputados «no estén los titulares posibles» y se refirió así a los «autores» de la «extraña modificación de crédito de casi cuatro millones» que llevó a Pleno el PSOE de Pilar Sánchez tras ganar las elecciones municipales de 2007.

En este sentido, criticó que la exalcaldesa socialista en su declaración como testigo, por videoconferencia desde la cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), «no se acordara de nada» pese a que tras cesarlo en marzo de 2007 y romper el pacto PSOE-PSA «me arrojaron de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), donde entraron como elefantes en una cacharrería» con el objetivo de «destrozar por destrozar».

De igual manera, señaló que la «obsesión» de Sánchez, sus técnicos y delegados les llevó a «apartar» las facturas de las obra de los Planes Especiales -con las que presuntamente se iba a pagar la reforma de la Casa del Rocío- «deprisa y corriendo» en noviembre de 2007, a 15 días de celebrarse el Pleno para reconocerlas, y a «fabricar la denuncia».

Mentir «de forma descarada»

A este respecto, denunció que los «autores» de estos hechos «vengan como testigos» y «mintiendo de forma desaforada» y ha reivindicado que la política debe servir «para resolver conflictos y no para provocarlos», alertando que cuando la «maldad se apodera de la política surgen los conflictos, y maldad es intentar implicar en esto a nosotros y a una hermandad de más de 80 años».

Asimismo, el exalcalde, que cumple condena de cinco años y medio en Puerto III por el Caso ‘Asesores’ desde hace año y medio, defendió que actuó «dentro de sus competencias» como vicepresidente de la GMU y responsable del área de Políticas Territoriales cuando en enero de 2006 atendió en una reunión a la junta de gobierno de la Hermandad del Rocío para pedirle ayuda para festejar su 75 aniversario y ejecutar obras de mejora en la Casa de Almonte.

En dicho encuentro, como reiteró, les dijo que «ya sabían cuál era el camino», porque esta agrupación religiosa «ya había pedido subvenciones» y le ofreció ayuda técnica del arquitecto municipal «porque es un buen rociero».

Salvando esta reunión, Pacheco destacó que ni en la instrucción ni en la vista oral vio «ningún mandamiento, orden de pago o acta de otra reunión sobre las obras del Rocío donde esté yo», lo cual le parece «una cosa muy rara».

Así, dejó claro que cuando en el verano de 2006 fue a la Aldea almonteña con 17 personas más entre hermandades, flamencos y hosteleros «no fuimos para montar una conspiración criminal» sino para «comer, beber y ver el ambiente».

En este sentido, Pacheco comparó las acusaciones del Ministerio Fiscal cuando concluye con que en esa visita «discutieron como se iban a pagar las obras» con la trama del libro ‘Viaje a la Aldea del Crimen’ de Ramón J. Sender.

Metarrelato político

En esta línea, Pacheco lamentó que la Fiscalía durante la vista, haya preguntado a testigos del PSA en qué partido militaba, no haciendo mismo a los que han declarado del gobierno local de Pilar Sánchez, y ha calificado de «metarrelato político» el informe de conclusiones del fiscal.

La Fiscalía ha rebajado las solicitudes de condena para el hermano mayor de la Hermandad del Rocío -de un año y medio a un año- para el arquitecto municipal -de dos años a uno y medio- y para el constructor que hizo la reforma, de tres a dos años de prisión.

No obstante, mantiene intacta la petición de seis años de prisión para Pacheco por varios delitos continuados de falsedad en documento oficial y mercantil y fraude en la administración, en concurso medial con el delito de malversación en grado de tentativa, al igual que para los exgerentes de la GMU, el exdelegado de Planes Especiales y un directivo, para los que pide más de cinco años de prisión.