¿Qué está pasando en Jerez?

El término «terrorismo» es uno de los más usados en los últimos 50 años. Desde su extensión, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en una de las palabras más repetidas, influyentes y temidas en todo el mundo. En realidad, ha pasado a ocupar parte del espacio semántico que hasta hace 80 años ocupaban palabras como «guerra» o «violencia».

Tanto se utiliza que se deforma con facilidad, se adapta. Además, como se ha reproducido sin control, a toda velocidad, tiene cien apellidos. Hay terrorismo político, nacionalista, religioso, fanático, machista, de estado, homófobo... Para tratar de volver al sentido primero, es bueno volver a la ciencia. El diccionario de la Real Academia Española fija tres definiciones para la palabra.

La primera es «dominación por el terror». La segunda, «sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror». La última: «actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos».

Con el diccionario en una mano y los medios de comunicación en otra, cabe decir que –sin heridos que lamentar–, la ciudad de Jerez vive un episodio de terrorismo, en su variante laboral o política. Sin causar daños físicos, se han «sucedido actos de violencia ejecutados para infundir terror» y se ha producido una actuación organizada de un grupo que pretende «crear alarma social con fines políticos». No hay coincidencia total con las definiciones, no hay hospitalizados pero sí hay miedo. Se trata del mayor episodio de violencia política organizada que se haya conocido en la provincia en los últimos años. Quizás desde la desaparición de los últimos grupos violentos de extrema izquierda o derecha una vez superada la Transición. Desde el pasado abril, las manifestaciones legítimas y ruidosas se alternan con episodios sórdidos. Los coches de varios concejales, y la alcaldesa, con las ruedas pinchadas en sus propios garajes (bajo sus casas) o cerca de sus domicilios. Esos vehículos rociados con ácido sobre el que casi resbalan las parejas de los ediles con hijos en brazos. Pintadas ofensivas en las puertas de los colegios a los que van los críos de esos mismos cargos políticos. Sin violencia física, pero con daños materiales y riesgos, con el mensaje sibilino del que pretende introducir pánico en la cabeza de otro.

«Si he llegado hasta aquí, imagina lo que podría hacerte». «Sé dónde vives y dónde estudian tus hijos». «Tenemos información personal y estamos dispuestos a usarla». «No tengo miedo, soy capaz de esto y de más pero tú vas a estar asustado cada día». Son los mensajes figurados, imaginarios, mafiosos, terroristas, que lanzan los autores, que tratan de meter en la cabeza de sus víctimas y, con el afán propagandístico de todo ataque totalitario, en el del resto de la población.

Como en todos los episodios terroristas, los autores carecen de justificación pero dicen tener una motivación. Se trata de sus ingresos, de su situación laboral, de su pan. Esta sucesión de ataque comenzó el pasado mes de abril.

El nuevo gobierno municipal dirigido por Mamen Sánchez (PSOE) se vio obligado en el Pleno de aquel mes a lidiar con un monstruo que sus predecesores habían esquivado. La Ley General de Presupuestos de 2012 obligaba a que los funcionarios municipales cubrieran un máximo de 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo medio anual (1.642 horas). Eso supone renunciar a muchas horas extras y a muchos complementos de productividad que se habían acumulado en la plantilla durante años.

Los gobiernos municipales presididos por Pedro Pacheco y Pilar Sánchez –ambos actualmente en prisión– permitieron que ese tipo de ayudas económicas crecieran de forma exponencial durante más de 25 años.

La situación llegó al punto de que algunos altos funcionarios, técnicos responsables de departamentos, llegaban a ganar más que el alcalde. Por ejemplo, un jefe de la Policía Local percibía 77.000 euros anuales y más de 30 agentes ganaban más de 46.200 euros al año, que es la retribución fijada para un teniente de alcalde con dedicación exclusiva. Antes de Mamen Sánchez, antes del cambio político de mayo de 2015, ya hubo un intento de poner coto a este presunto descontrol salarial. Acuciado por la ruina, con la quiebra posada como un buitre en el tejado del Ayuntamiento, la popular María José García-Pelayo hizo un amago de aplicar la Ley General de Presupuestos y ajustar los ingresos de los funcionarios como ya sucedía en la Administración del Estado, en el SAS, el Cuerpo Nacional de Policía o en cualquier otra institución.

La simple insinuación de estudiar la posibilidad de hacerlo –lo hizo público en octubre de 2012– le costó caceroladas y concentraciones en las que algún tímpano de algún concejal corrió peligro serio con algún representante sindical gritándole a unos milímetros de la oreja en plena calle. Los populares se plegaron pronto al miedo. Mejor conservar la paz sindical en la plantilla, aún a costa de una ruina que ya era irremediable y aplazar el cumplimiento de la legislación.

El PP ya había tenido que ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 260 trabajadores municipales y había privatizado el servicio de agua. Su papel de tutor estricto, de profeta de la austeridad, ya estaba bien cumplido. Eliminar productividades y horas extras parecía un exceso con mucho coste político. Las horas extras se mantuvieron al galope.

A Mamen Sánchez, en cambio, ya no le quedó opción. El Gobierno apretaba, advertía. Hay que aplicar la nueva Ley (ya con cuatro años de vida) o llegarán las sanciones, las retenciones, los problemas. Además, como su antecesora, está obligada por el crítico estado de las finanzas municipales y por la Ley, a aplicar el límite de las 37,5 horas semanales para los funcionarios municipales de Jerez. En abril de 2016 se planteó a la Mesa de Negociación y se elevó a Pleno.

La línea roja

La consecuencia práctica es que varios miles de trabajadores municipales, bien administrativos, policías locales o de cualquier otro departamento pueden ver sus ingresos anuales rebajados entre un 12 y un 30%. Son algunos miles de euros en algún caso. Los afectados consideran que son derechos consolidados, legítimos, que son horas extras y complementos que se merecen y se ganan. La Ley, de repente, los elimina. La reacción ha sido furibunda.

La misma semana en la que comienza la negociación, el 23 de abril, aparecen pintadas en el domicilio de la delegada de Personal y Recursos Humanos, Laura Álvarez. Esta concejala es nombrada oficialmente mala de la película y víctima propiciatoria. El 26 de mayo aparecen grandes pintadas que le llaman «dictadora» y «facha» en la puerta de acceso al colegio al que acuden sus tres hijos.

Las casas de la alcaldesa Mamen Sánchez y del jefe de la Policía Local corren la misma suerte. La concentraciones ante sedes municipales se suceden, cada vez con más violencia física. Vallas tiradas, ediles zarandeados, insultos, petardos contra los redactores y cámaras de los medios de comunicación «manipulados por el poder». La crónica de sucesos apenas ha tenido 15 días de tregua desde abril hasta septiembre.

Con el fin de las vacaciones de agosto, la escalada sube. La alcaldesa y el concejal José Antonio Díaz Hernández encuentran sus coches rociados con ácido, con las cuatro ruedas pinchadas. En ambos casos, estaban aparcados en las inmediaciones de sus casas, muy cerca de los edificios en los que viven.

La alcaldesa dice que no tiene miedo, que no quiere escolta y que seguirá adelante. Afirma que se investigarán los ataques y se condenará a los autores. La duda está en saber si seguirán y hasta dónde llegarán. Esa es la pregunta que los que practican cualquier modalidad de terror quieren que sus víctimas se hagan cada día.