Caso Gürtel
Audiencia Nacional aplaza a junio el juicio por adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez a la Gürtel
Todos fueron sentenciados ya por la primera época de la trama y la Fiscalía Anticorrupción les acusa en esta cuarta pieza separada de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones y falsedad en documento mercantil
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado aplazar el juicio por las adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez a la trama Gürtel inicialmente previsto para el 6 de mayo hasta el 3 de junio, con la previsión de que se prolongue hasta septiembre, debido a la coincidencia de procedimientos de los letrados de algunas de las partes.
El juicio oral, el cuarto relacionado con los negocios de la trama empresarial liderada por Francisco Correa , tiene en concreto 19 sesiones señaladas, que se celebrarán entre el 2 y el 20 de junio, entre el 1 y el 11 de julio y entre el 10 y el 19 de septiembre, según el auto dictado por la Sección Segunda que cambia la programación inicial.
En esta ocasión, Correa, que se encuentra cumpliendo condena por las otras tres piezas ya juzgadas , afronta siete años y nueve meses de prisión en este nuevo procedimiento, igual que su número dos, Pablo Crespo, y sus trabajadores Isabel Jordán y Javier Nombela.
Todos fueron sentenciados ya por la primera época de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción les acusa en esta cuarta pieza separada de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones y falsedad en documento mercantil.
Asimismo, serán juzgadas las interventoras municipales del Ayuntamiento de Jerez María del Milagro Pérez y Milagros Abascal, el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad José Agüera, la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y el antiguo secretario del consistorio Manuel Bárez.
Anticorrupción pide para ellos siete años de prisión por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público y fraude a las administraciones públicas excepto para Abascal, que afronta una petición de dos años de cárcel por prevaricación y fraude en las administraciones.
En este caso, el procedimiento versa sobre la contratación de tres empresas vinculadas a Correa (Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio) para el montaje del expositor en Fitur 2004 por más de 355.000 euros mediante adjudicaciones «sin concurso público» que incurrieron en «groseras ilegalidades», tal y como explicó el juez instructor José de La Mata en el auto con el que enviaba la pieza a juicio.
«GROSERAS ILEGALIDADES»
Según concluyó, las sociedades comenzaron a ejecutar sus servicios incluso antes de que el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad los concediese formalmente, pese a que no era el órgano competente para ello. Además, los contratos y expedientes administrativos --que en ocasiones se trataron como si fuesen «menores sin publicidad»-- se elaboraron una vez finalizada la feria, lo que demostraría que «se construyeron» ad hoc y que «las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas».
De la Mata considera que hay indicios suficientes de que el secretario del Ayuntamiento y las interventoras suscribieron los documentos para «dar apariencia de legalidad» a las actuaciones; mientras que el entonces director del IPD justificó «indebidamente» las memorias del organismo para acudir a un «procedimiento de urgencia» y Montenegro intervino en la elaboración de la documentación incorporada a los expedientes.
