Un equipo para proteger a los niños de los males de sus mayores

Los Servicios Sociales no son beneficencia, aunque muchos confundan los conceptos. La labor de trabajadores sociales, psicólogos, educadores, no consiste solo en pagar facturas de la luz o alquileres. También es eso, pero hay casos en los que se va muchos más allá.

Cada caso, cada casa, es un mundo, y la solución a los problemas debe ir vinculada a un diagnóstico y a un tratamiento, porque no todas las enfermedades son fisiológicas. Están también los males que provoca una sociedad que a menudo es injusta, en la que no todos tienen el sitio que se merece, en la que muchos renuncian por voluntad propia a formar parte del sistema y, sobre todo, en la que algunos se ven excluidos sin tener siquiera opción a luchar o a decidir.

Esto es especialmente doloroso en el caso de los menores. Niños y niñas que viven con carencias básicas, en educación, en salud, en alimentación o en afecto.

Es ese tipo de casos, el de las familias con menores desprotegidos el que se aborda con el trabajo de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF). Se trata de grupos de trabajo multidisciplinares a la vez que complementarios, compuestos por un psicólogo que hace la intervención terapéutica con las familias; un educador, encargado de la relación con los responsables de los menores y con sus centros educativos; y un trabajador social, que se encarga de que las familias puedan acceder a los recursos y mejorarlos de la manera correcta.

Solo en la provincia de Cádiz hay 22 ETF, con un total de 85 profesionales desarrollando el programa (siendo 69 los técnicos y 16 los coordinadores). Es la Junta de Andalucía la que gestiona este programa, financiándolo con dos millones de euros durante el pasado año, una cifra similar a la de 2013. Además, cuentan con la colaboración, mediante la firma de convenios particulares de todos los ayuntamientos de poblaciones con más de 20.000 habitantes y de la Diputación Provincial para dar cobertura al resto de municipios.

Justo hoy ha presentado la memoria anual de los ETF el director general de Personas Mayores, Infancia y Familia de la Administración autonómica, Ángel Acuña, acompañado por el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, y por la delegada territorial de Salud y Políticas Sociales, Miriam Alconchel.

Según estos datos, a lo largo de 2014 se ha atendido a un total de 1.385 familias con 2.400 menores y en el 80% de los casos se ha conseguido el principal objetivo de este programa, que no es otro que permitir que los menores no solo estén protegidos, sino que además puedan desarrollar su proyecto de vida dentro de su entono natural, que es su familia. En el resto de casos hay que tomar medidas de protección, con la declaración de desamparo como última medida y el consiguiente paso de estos menores a centros o familias sustitutas.

Para evitar llegar a este punto, los profesionales de los ETF ponen en marcha estrategias de actuación dirigidas a promover los derechos y el desarrollo integral de los menores en un ambiente familiar normalizado, a la vez que apoyar a los padres para que cumplan de forma positiva la función parental y den una respuesta satisfactoria a las necesidades de los niños a su cargo.

Para ello, sus intervenciones son básicamente preventivas y tienen una doble finalidad: por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal desarrollo, suprimiendo aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno tras decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, cuando sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron.

Perfil de las familias

Las familias destinatarias del programa presentan por lo general alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se han adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno.

Estas familias y menores participantes en el programa vienen derivados tanto de los Servicios Sociales comunitarios como del Servicio de Protección de Menores de la Delegación.