El Ayuntamiento de Cádiz critica las ayudas al alquiler de la Junta

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba el pasado 9 de marzo la Orden de la Consejería de Fomento y Vivienda que aprueba las bases reguladoras para la concesión de ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados en Andalucía.

Esta medida se establece para ayudar en el pago de la vivienda a personas en situación de «especial vulnerabilidad» e ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM –que serían unos 7.455 euros al año–, para el alquiler de residencias gestionadas por entidades públicas; así como a personas «en especiales circunstancias de emergencia social» incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual.

Lo que en principio es una medida social que se aplaude desde el Ayuntamiento de Cádiz tendría un revés que ha sido criticado duramente por la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez.

Las mismas tienen su origen en que, según la Orden de 3 de marzo de 2015, estas ayudas «son incompatibles con cualquier otra ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado, nacional o de la Unión Europea».

Según explica la regidora gaditana, esta ayuda sería por tanto excluyente de cualquier otra similar que el ciudadano pudiera percibir como, por ejemplo, las ayudas sociales a la vivienda que el Ayuntamiento de Cádiz aprueba cada semana en la Junta de Gobierno local a través de las ayudas de emergencia social.

En este sentido, cabe destacar que 2014 estas ayudas sumaron un importe de más de dos millones de euros, siendo concedidas 2.785.

Dice la alcaldesa que la nueva norma implica que «el usuario de los Servicios Sociales deberá elegir si sigue acogiéndose a la ayuda municipal o a esta nueva de la Junta».

La ayuda de la Junta pone el tope en el 40% de la renta del alquiler, mientras que el Ayuntamiento puede llegar a conceder, dependiendo de los ingresos del beneficiario de la ayuda, un 90% del total.

Así, la ayuda autonómica tiene un límite máximo de 2.400 euros anuales, por lo que en ningún caso superará los 200 euros mensuales. Además, la Junta ha consignado para esta línea de ayudas 15 millones de euros para toda Andalucía, mientras que «solo la ciudad de Cádiz destina a esto mismo más de 2,5 millones de euros al año».

Teófila Martínez argumenta que «si el presupuesto son 15 millones y el tope al año de ayuda es 2.400 euros, resulta que este plan de ayudas va a servir para que 6.250 familias andaluzas (aproximadamente 781 de la provincia de Cádiz y muchas menos de la ciudad) puedan cobrar 200 euros al mes para el alquiler de sus viviendas.

A tenor de esta previsión, no sé bien cuál es el conocimiento de la situación de la vivienda en Andalucía que tienen los señores del PSOE. No sé si el interés que tienen es solucionar el problema de la vivienda o, más bien, cubrir el expediente electoral. Me duele decirlo, pero esta línea de ayudas es más que insuficiente. La ponen en marcha para justificarse y testimonia el interés cero del PSOE por los gaditanos, porque no cubre ni el diez por ciento de las necesidades reales».

La alcaldesa continúa diciendo que esta Orden publicada por el BOJA le recuerda al Decreto de Garantía de los Suministros Básicos aprobada el año pasado por la Administración autonómica, «que estaba dotado con cinco millones de euros para toda Andalucía y finalmente a la ciudad de Cádiz, no me pregunten por qué, pero fue así, le correspondieron 42.000 euros. Si aplicamos esa regla de tres, esta línea de ayudas al alquiler podría traducirse en 126.000 euros al año para los gaditanos de toda la provincia. Es decir, el dinero que el Ayuntamiento de Cádiz invierte aproximadamente en dos semanas para el pago de alquileres la Junta lo va a estirar todo un año».

Dudas sobre la gestión

Martínez también critica la forma de gestión de las ayudas anunciada por la Junta, y es que, según reza en la Orden, «las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda tramitarán, resolverán y efectuarán el abono de las mismas».

Según afirman desde el equipo de Gobierno local, esto supone que «no cuentan para nada con los ayuntamientos». «Que diga la Junta cómo va a aplicar este programa de ayudas y si los beneficiarios van a salir de la lista de Demandantes de Viviendas de Alquiler».

Entre los requisitos que impone la Consejería para poder acogerse a esta línea de ayudas figura que los beneficiarios tendrán que estar empadronados en la vivienda, destinar la misma a residencia habitual y permanente y deberán presentar un contrato de alquiler.

Desde el Ayuntamiento se quiere defender su postura crítica con los datos de los Servicios Sociales municipales, a través de los que en 2014 se ayudó a pagar la vivienda a más de 1.600 familias gaditanas con escasos recursos. Además, se apunta que hay otras 2.000 familias con rentas bajas que viven en pisos del parque municipal de vivienda.

Martínez concluye diciendo que «si la Junta no es conocedora del esfuerzo de este Ayuntamiento en política social de vivienda ni de las necesidades de los gaditanos, ya ha tenido tiempo de enterarse la presidenta, Susana Díaz, quien por cierto aún no se ha dignado a venir a Cádiz a hablar ni de esto ni del Plan de Empleo ni de ninguna otra cosa con esta alcaldesa».