Los nombres propios de los ERE

Con el simbólico nombre de 'Heracles', en alusión a la figura de Hércules que aparece en el escudo de Andalucía, el juzgado de instrucción 6 de Sevilla que dirige Mercedes Alaya ha dado un impulso a la investigación del supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público. Un caso cada vez más complejo y con varias subtramas que acumula ya 80 imputados, siete de ellos en prisión.

El escándalo de los ERE , el mayor caso de corrupción en la región en los últimos tiempos, surgió a raíz de la denuncia por la petición de una mordida a unos empresarios desde la empresa mixta Mercasevilla.

Tirando del hilo, se descubrió la presencia de 'intrusos' o personas ajenas incluidas en los expedientes de regulación de empleo de la empresa. A día de hoy, y tras revisar todos los ERE llevados a cabo por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010, se han detectado 126 casos de un total de más de 6.000 trabajadores que accedieron legalmente a la prejubilación. El fraude en esta parte de la investigación asciende a 12,3 millones de euros.

La investigación también permitió descubrir la arbitrariedad con la que se daban ayudas directas a empresas en crisis. Casi siempre en la provincia de Sevilla y vinculadas al entorno del exdirector general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero. Ya fueran familiares, conocidos (como su chófer) o exconcejales socialistas. Según los datos de la Cámara de Cuentas, el fraude aquí rondaría los 73 millones de euros.

Esta es la trama donde radica el punto de fricción entre Junta y Alaya, dado que ésta pone en duda todo el marco jurídico instaurado por la administración -y aprobado por el Parlamento- para agilizar la concesión de ayudas mediante las denominadas "transferencias de financiación", y que acabó amparando la concesión del dinero de forma opaca, arbitraria y sin control previo o posterior. A ese marco jurídico se corresponde la famosa partida 31-L, el fondo de los ERE , dotada inicialmente con 647 millones de euros y que tras los compromisos adquiridos y ampliaciones posteriores ronda los 1.271 millones, no todos irregulares.

La última parte de la investigación se centra en el cobro de comisiones abusivas, de hasta 50 millones según la Guardia Civil o 68 según la Cámara de Cuentas, por tramitar esas prejubilaciones y ayudas directas. Un proceso en el que se han lucrado consultoras, intermediarios o bufetes de abogados, todos ellos investigados en la operación Heracles.

LA JUEZ MERCEDES ALAYA

Con 50 años, se ha convertido en el azote de la corrupción en Andalucía al 'cargar' contra dos instituciones señeras: la Junta de Andalucía y el Betis Balompié, donde investiga los delitos societarios del que fuera todopoderoso mandamás bético Manuel Ruiz de Lopera. Ha puesto de moda la "neuralgia del trigémino", una dolencia que la ha tenido seis meses apartada de los juzgados y de la que, a tenor de los gestos de incomodidad que se le han escapado en las escasas ocasiones en que ha dejado su despacho, todavía no se ha recuperado. Quienes la conocen bien la tachan de distante e imparable, y no pocos se preguntan cómo consigue conciliar su vida familiar con cuatro hijos.

Su estilismo cuidado e impecable cada vez que baja del taxi y recorre el camino hasta la entrada de los juzgados le ha valido incluso comentarios desde la Consejería de Justicia. "Trabaja mucho y encima sigue guapa"; llegó a decir el consejero Emilio de Llera no sin cierta ironía.

EL EXDIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, JAVIER GUERRERO

Locuaz y divertido, sus bromas ante la juez no le han salvado de la cárcel en las dos ocasiones en que se han visto las caras. El que fuera director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008 firmó los expedientes de ayudas con dinero de lo que él mismo denominó "fondo de reptiles". Incluyó a su suegra y vecinos de El Pedroso -de donde fue alcalde entre 1995 y 1999-como 'intrusos' en varios ERE . La localidad recibió además el grueso de las ayudas directas concedidas por la Consejería, casi siempre a conocidos y 'amiguetes', aunque él defiende que todos sus movimientos eran conocidos por los sucesivos consejeros de Empleo. La juez cree que recibió además 'dádivas' por designar sin concurso a las consultoras que tramitaron los ERE , aunque está en bancarrota. Frente a las acusaciones de su chofer, en sus comparecencias ha negado ser "drogadicto" o "putero", ya que solo le gusta "el malboro y el gin tonic". Abandonó la cárcel con una fianza de 50.000 euros tras pasar nueve meses.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, ANTONIO FERNÁNDEZ Abogado especializado en Derecho del Trabajo, el responsable de Empleo de 2004 a 2010, era una suerte de 'apagafuegos' laborales de la Junta por su talante y su capacidad para poner de acuerdo a gente con posturas aparentemente irreconciliables. Ejemplo de hombre hecho a sí mismo, empezó de joven en la bodega jerezana González Byass, en la que se prejubiló en una jugosa póliza sufragada por la Junta que finalmente no aceptó. Desde 1983 encadenó cargos públicos en Cádiz, y en 1995 entró en Empleo como viceconsejero. En calidad del gerente del IFA, firmó el convenio marco que amparó las ayudas a empresas cuestionadas en la investigación. Fue encarcelado en la primera tanda de detenciones del caso ERE , en abril de 2012, y salió en libertad cuatro meses después con una fianza de 450.000 euros.

EL CONSEGUIDOR, JUAN LANZAS

Miembro de UGT hasta 2002, Lanzas actuó como conseguidor para empresas en crisis, a las que ponían en contacto con la Junta para que subvencionara sus prejubilaciones. A cambio, según la juez, de elevadas comisiones de hasta 13 millones de euros, que le permitieron grandes viajes con Guerrero o la adquisición de diversas viviendas Un negocio que, supuestamente, descubrió a raíz de su participación en el ERE de Cárnica Molina. Él mismo fue incluido como intruso en una empresa textil, al igual que su mujer, y una empresa de su cuñado medió en un ERE de Mercasevilla. Andaba por la Junta "como si fuera su casa", y se vanagloriaba de sus contactos con el PSOE de Jaén, una de las familias socialistas más poderosas en Andalucía. En su casa se encontraron 82.000 euros en metálico, supuestamente para que su familia "pudiera vivir" si él era encarcelado. La Guardia Civil también rastreó con georradar la vivienda de sus padres en un pueblo de Jaén por si había documentos escondidos.

EL COMISIONISTA, ANTONIO ALBARRACIN

Abogado, entre 1995 y 2011 fue director comercial de Vitalia , una de las dos entidades mediadoras que tramitaron la mayoría de las pólizas de prejubilación de la Junta, aunque él ha asegurado que su trabajo era más bien de asesoramiento en la empresa. Sin embargo, la juez cree que fue quien pagó mordidas a Guerrero y Lanzas y permitía la inclusión de 'intrusos' en los ERE . Su patrimonio y el de su esposa aumentó espectacularmente en estos años, pasando de cuatro a 16 inmuebles, con dos hipotecas amortizadas. En su declaración, carga toda la responsabilidad de las comisiones en la Junta, por no haberse preocupado de mirar mejores ofertas.

EL CHÓFER, JUAN FRANCISCO TRUJILLO

Durante nueve años fue el chófer de Guerrero. El trabajo pasó a amistad, y siguiendo supuestamente las indicaciones de su jefe, el conductor pudo beneficiarse de 1,3 millones de euros en ayudas a tres empresas ad hoc que nunca tuvieron actividad. Conocido como 'el ministro' por los vecinos de su pueblo Llanos del Sotillo (Jaén) ante el elevado nivel de vida que llevaba, parte de ese dinero, según dijo, lo gastó en drogas, fiestas y regalos para Guerrero. Contó también cómo llevó gruesos sobres de dinero de comisiones entre Guerrero y Albarracín.