Andalucía saludable

Estoy segura de que todos coincidiremos en la importancia que deben tener los estudios científicos en la toma de decisiones. Y ello es especialmente relevante cuando los estudios e investigaciones ponen de manifiesto disfunciones que deben ser abordadas por los que llevan las riendas políticas y ejecutivas del sector correspondiente, máxime cuando esos diagnósticos atañen a aspectos tan relevantes como la salud y todas las cuestiones que afectan al ámbito socio sanitario. Recientemente se ha hecho público un estudio del que podemos deducir que nacer y vivir en Andalucía no es tan saludable como pudiéramos imaginar, o como nos dicen los eslóganes a los que son tan propensos los responsables políticos de nuestra Comunidad Autónoma. El citado estudio, que se centra en describir las desigualdades en la mortalidad general entre Andalucía y España entre los años 1990 y 2010, concluye que Andalucía tiene una mortalidad mayor que la media española y que su tendencia a disminuir lo hace a un ritmo inferior que en el resto del país, de manera que la convergencia de Andalucía con España se hace más complicada. No se puede acusar al estudio de tener una visión sesgada del problema ya que, precisamente, el artículo está firmado por investigadores adscritos al servicio de Información y Evaluación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Eso sí, desconocemos si el análisis que pone de manifiesto la mayor vulnerabilidad socioeconómica de nuestra población andaluza durante los últimos 20 años ha sido visado por las altas instancias antes de su publicación. La llamada de atención a los responsables de la Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Andalucía no es nueva. Hace algunos años, antes de que nos atacara la crisis, en el año 2008, la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía publicaba el Primer Informe sobre Desigualdades Sociales y de Salud en Andalucía, informe en el que se ponía de manifiesto que, durante los últimos 30 años, la desigualdad con respecto al resto de España no solo se había mantenido sino que incluso había aumentado. Esa desigualdad se atribuía, fundamentalmente, a la falta en nuestra Comunidad Autónoma de políticas correctoras concertadas así como al déficit, en nuestra región, de políticas sociales, especialmente en el ámbito de los cuidados socio-sanitarios. Pero parece que esas llamadas de atención no hacen mucha mella en los que deben tomar las medidas correctoras correspondientes. Hace ya muchos años que las competencias sanitarias, la definición del presupuesto correspondiente y la gestión de todos los recursos socio-sanitarios fueron transferidos a la Junta de Andalucía. Como bien dice la página web de la Consejería de Salud y Bienestar Social en ella radica la responsabilidad de las políticas sanitarias y sociales en nuestra comunidad autónoma, así como la superior dirección de los organismos dependientes, el Servicio Andaluz de Salud y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Esas desigualdades puestas de manifiesto por los citados estudios no son nuevas, no han venido con la crisis, sino que vienen arrastrándose desde hace más de 30 años. Pero parece, más allá de los grandilocuentes discursos y de lanzar balones fuera, que no se ha tenido excesiva diligencia en resolver algo tan prioritario y para lo que se ha reclamado, y dispone, de las máximas competencias.