Lucha de lobas

Todo empezó a finales de 2008, cuando una encuesta interna del PSOE sanluqueño otorgó a María José Valencia, diputada provincial, mayor valoración en capacidad de gestión y proyección política que a Irene García. Eso debió doler a la ambiciosa alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda. Y mucho, además. A esto hay que añadir que Valencia se posicionó como ‘rubalcabista’ frente a su ‘chaconista’ compañera, y que además no apoyó a la pequeña lideresa en su candidatura a la Secretaría General del partido, por lo que fue denominada como ‘cabañista’ y apuntada en la lista negra de García, como la de ese maravilloso hosco personaje de ‘El hombre tranquilo’.

Valencia fue degradada hace unos meses, perdiendo la dirección de dos de las tres delegaciones del municipio y la mitad de su sueldo y, finalmente, Irene García vio la oportunidad de descabezarla políticamente, destituyéndola como delegada de vivienda y quitándole el 100% del sueldo, tras ser llamada a declarar por la policía respecto del ‘caso Bahía competitiva’, al estar encargada del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) en el último mandato de Paco Cabaña en Diputación. La destituida ha acudido a denunciar su destitución a la prensa, manifestando que fue a declarar a comisaría «voluntariamente» (siempre se hace así, te llama la policía para que vayas y luego te toman declaración, para derivarla al juez) y que su situación procesal es como ‘preimputada’ (concepto que no existe en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de próxima reforma), añadiendo con grandes dosis de mala leche que ha habido otra diputada que ha sido imputada tres veces sin ser cesada (imagino que se refiere a Pilar Sánchez, que prestó su apoyo a Irene en el asalto a la Diputación de Cádiz).

Sobrevolando por entre la nublada manipulación del lenguaje técnico jurídico, entiendo que María José Valencia habrá ido a Comisaría a declarar en calidad de testigo y al acabar su deposición le habrán comunicado que va a ser imputada, quedando en libertad. Sea como fuere, ya nos enteraremos. Respeto que Irene García haya decidido destituir a alguien que no considera leal pero no respeto tanto las absurdas explicaciones que su portavoz, Víctor Mora, ha desgranado para justificar la situación creada. Es necesario reflexionar sobre la responsabilidad de los políticos y su nula capacidad para dimitir. No soy partidario del cese o dimisión de un cargo público que es denunciado e incluso imputado, porque ‘cualquiera’ puede ser denunciado, y al abrirse diligencias informativas se produce la imputación. Es más, aún siendo procesado, ese político en apuros tiene derecho a la presunción de inocencia, pero entiendo que el ser apartado de un cargo debe venir por un acuerdo previo de voluntades o bien por la imposición de una medida cautelar que respete los derechos constitucionales. Por tanto, la decisión de Irene García me parece demasiado precipitada para que no sea una mera venganza contra su compañera desleal, a no ser que la portavoz socialista en Diputación conozca de primera mano detalles del ‘caso Bahía Competitiva’ que no haya comunicado a la autoridad y que dejen clara la participación de Valencia en la trama delictiva. De no ser así, lo tengo claro, esto ha sido una lucha interna de lobas donde parece haber ganado la más taimada.