La Cámara de Cuentas apunta responsabilidad administrativa y contable en el caso de los ERE

La Cámara de Cuentas de Andalucía apunta en un informe de fiscalización responsabilidades contables y administrativas en las ayudas socio-laborales a trabajadores afectados por ERE y a empresas en crisis otorgadas por la Junta entre 2001 y 2010.

El informe, que fue aprobado por el pleno de la Cámara con los votos particulares en algunos puntos de tres consejeros del PP, abarca las ayudas socio-laborales y a empresas en crisis concedidas por la Consejería de Empleo y ejecutadas mediante transferencias de financiación y encomiendas de gestión a través del ente instrumental IFA y posteriormente IDEA entre 2001 y 2010, que se elevaron a 709 millones de euros.

Respecto a las transferencias de financiación, que era el instrumento utilizado por Empleo para pagar dichas ayudas y de las que la juez que investiga el caso cuestiona su legalidad, la Cámara concluye que, "con independencia de la cobertura dada por las leyes de presupuestos", se ha hecho un "uso inadecuado de esa figura como procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar" las ayudas.

Con respecto a las ayudas socio-laborales, el órgano fiscalizador sostiene que el procedimiento para su concesión se ha llevado a cabo al margen de la legislación vigente para este tipo de ayudas y "no ha quedado acreditado el uso adecuado del margen de discrecionalidad de la administración al financiar prejubilaciones con distintos umbrales de edad, coberturas y condiciones".

En cuanto a las ayudas a empresas en crisis, certifica que "con carácter general se han otorgado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto" y no se ha exigido ni queda acreditado el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas ni la correcta aplicación de los fondos.

Los auditores de la Cámara de Cuentas han detectado en el trabajo de campo irregularidades en un determinado número de beneficiarios de las ayudas socio-laborales, que han puesto en conocimiento de Empleo para su verificación.

También han comprobado que los gastos externos o comisiones pagadas por las pólizas de los beneficiarios de las ayudas son superiores a la media del mercado, lo que ha dado lugar a la suspensión de pagos hasta la justificación de los importes abonados.

Asimismo, el órgano fiscalizador indica que la calificación de las ayudas a empresas como subvención excepcional ha dado lugar "a un abuso del margen de discrecionalidad administrativa en su concesión"

Esto, según el informe, se ha puesto de manifiesto en hechos como la concentración de ayudas en determinadas zonas -Sierra Norte de Sevilla-, en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público perseguido.

De todas estas situaciones, la Cámara concluye que "pueden derivase, entre otras, responsabilidades contables y administrativas".

El informe se refiere también a los informes de la Intervención General de la Junta que pusieron de manifiesto "deficiencias en los procedimientos de gestión de los gastos de la partida 31L"-ayudas socio-laborales a trabajadores afectados por ERE y a empresas en crisis-, y alega la Cámara que "la ausencia de informe de actuación puede deberse a que por parte de la Intervención no se apreciaron circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos".

Precisamente, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, cuando compareció en la comisión parlamentaria de los ERE , esgrimió ese mismo argumento para explicar que el informe de la Intervención que alertaba de irregularidades no llegó a su poder.

Según la información facilitada a la Cámara por la Consejería de Empleo, a 15 de mayo de 2012 el coste estimado del programa 31L -que el principal imputado en el caso el ex director general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero bautizó como "fondo de reptiles"- en el período fiscalizado es de 1.217 millones, aplicando un tipo de interés medio de la deuda del 5,5 %.

Empleo ha iniciado 99 expedientes de reintegro de ayudas socio-laborales por importe de 11,2 millones y la revisión de oficio de 189 expedientes de ayudas a empresas con una reclamación de devolución de 73,8 millones.