Visualizar la obviedad

El pasado mes de mayo responsables del Gobierno de España comparecieron ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de las Naciones Unidas. Esta comparecencia era una oportunidad para que el Estado rindiera cuentas por lo que está haciendo para evitar los retrocesos en derechos, incluyendo la consideración de medidas alternativas a la austeridad fiscal que respeten y protejan los derechos fundamentales de los colectivos más afectados por la crisis.

Los datos ofrecidos por el Centro para los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y por otros organismos no gubernamentales españoles ponen en evidencia la terrible fragilidad del sistema.

España posee la tasa de desempleo más alta de todos los países de la Europa de los 27 estados y de la OCDE, habiéndose duplicado en tan solo cuatro años. España tiene la tasa más alta de población trabajadora con contratos temporales de toda la Unión Europea. Más de un tercio de la población trabajadora española percibe salarios equivalentes o inferiores al salario mínimo, claramente insuficiente para poder vivir con lo más básico.

España presenta enormes brechas salariales entre nacionales e inmigrantes, y entre hombres y mujeres. España es el segundo país de la Unión Europea, después de Italia, donde la carga económica es mayor debido a los costes de la vivienda. La oferta de vivienda social es extremadamente escasa en España, mientras que poseemos el récord de viviendas vacías entre todos los países europeos.

Una cuarta parte de la población española está en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, con Extremadura como comunidad autónoma a la cabeza. Las diferencias entre ricos y pobres han crecido en los últimos años, presentando el nivel más alto de desigualdad de ingresos y de accesibilidad a recursos de todos los países de la Unión Europea.

A pesar de ser la quinta economía de la UE, España es uno de los países con menor gasto per cápita en protección social, salud y educación.

Las Comunidades Autónomas que gastan menos en educación presentan las tasas más elevadas de abandono escolar temprano, con lo que ello supone de dificultad para la inserción en el mercado laboral, con Andalucía a la cabeza.

El gran tamaño de la economía sumergida en nuestro país (alrededor del 24%) constituye una pérdida importante de ingresos públicos. Según estimaciones del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda lo cifraban en cerca de 90.000 millones de euros en 2010. La lucha contra la evasión fiscal para reducir el déficit público supondría una clara alternativa frente a los recortes de prestaciones o frente a la subida indiscriminada de los impuestos indirectos, que siempre perjudican a los más desfavorecidos.

Los datos, no por conocidos, dejan de ser dramáticos.