El Ayuntamiento se plantea dejar de prestar servicios no obligatorios

Expansivo» y «acaparador». Son dos de los calificativos que la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, dirigió ayer al modelo de prestación de servicios que viene manteniendo desde hace años el Ayuntamiento. Como es sabido, el gobierno local ha elaborado una auditoría sobre este asunto –coordinada por Presidencia, que la presentará al resto de delegaciones el domingo– para comprobar qué servicios está prestando y no le corresponden al ser competencia de otras administraciones públicas o de la iniciativa privada.

Coincidiendo prácticamente con los seis meses de legislatura de gobierno popular, la alcaldesa anunció ayer algunas de las conclusiones de este informe, que se materializarán en la constitución a principios del próximo año de una mesa de trabajo con todos los grupos municipales. El objetivo no es otro que reorganizar y racionalizar los servicios municipales no obligatorios que está prestando el Ayuntamiento de Jerez, y cuyo montante económico asciende a 16 millones de euros anuales, sobre todo en los capítulos 1 (Personal), 2 (Bienes y Servicios) y 4 (Transferencias).

«Una de las conclusiones que se desprende de este análisis es que el Ayuntamiento de Jerez ha sido muy expansivo, muy acaparador en sus competencias y es un modelo que está pasando factura», resumió la primera edil en la rueda de prensa, en la que estuvo acompañada del delegado de Personal y Seguridad municipal, Javier Durá.

La mesa de trabajo tendrá por tanto como fin elaborar un documento que «racionalice la prestación de estos servicios no obligatorios y también los obligatorios», en palabras de la regidora. Y es que según se desprende del reseñado análisis, hasta 37 de los 115 servicios que presta el Ayuntamiento actualmente no son competencia suya sino de otras administraciones públicas como el Gobierno central o la Junta.

«Creemos que se trata de un documento de tanto calado político y tan trascendente para el futuro del Ayuntamiento que tenemos que contar con el apoyo de todos los grupos políticos». De hecho, el «consenso» es condición ‘sine qua non’ a la que se supedita cualquier decisión: «No dejaremos de prestar ningún servicio salvo que existiera acuerdo de todos los grupos; si piensan que se debe suprimir alguno, que se plantee y sea de consenso, pero que se haga con papeles».

Consultas populares

García-Pelayo va más allá y señala incluso que no se descarta «realizar una consulta popular ya que los ciudadanos también deben decidir en qué y cómo se gasta su dinero». La filosofía radica en calidad por encima de cantidad: «Consiste en tener unos servicios de calidad, no muchos servicios, sobre todo en la actual coyuntura económica».

Lo que deja en cualquier caso muy claro Pelayo es que «en ningún caso se van a dejar de prestar estos servicios, ya que sería una irresponsabilidad, sino que vamos a pedir la implicación de las administraciones que sean competentes y racionalizar estos servicios». Y es que «en ningún caso debemos hacer este camino solos sino que debemos ir de la mano del resto de las administraciones para que se definan las competencias y se dote financieramente a las mismas».

El análisis de servicios municipales se ha hecho en base a la Ley de Bases de Régimen Local y a la Laula y con los datos que han remitido las propias delegaciones. Según los datos que se desprenden del mismo, el Ayuntamiento presta 115 servicios municipales, de los que 48 son servicios que debe prestar obligatoriamente el Ayuntamiento y 37 no son competencia municipal sino de otras administraciones. 30 están pendientes de un estudio más exhaustivo.

La alcaldesa puso algunos ejemplos de estos servicios no obligatorios como la Oficina de Jerez 2013, con un coste de más de 460.000 euros; la Escuela de Tauromaquia, donde «habrá que buscar la colaboración porque vienen alumnos de toda la provincia»; la Fundación Caballero Bonald o la Fundación Andrés de Ribera, que gestiona los Museos de la Atalaya, donde habrá que ver «a qué acuerdos se llega con la Diputación».

«No decimos que vayan a desaparecer estos servicios en ningún caso, pero cuanto menos tendrán que tener un coste compartido», puntualiza García-Pelayo.

Otros no obligatorios a los que se refirió fueron el Centro de Formación Municipal y el Grupo de Investigación de la Policía.

Los servicios de obligada prestación por el Ayuntamiento, por el contrario, son los referentes al abastecimiento y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; calefacción; mataderos, mercados y lonjas centrales así como transporte público de viajeros. También existen servicios en los que los ayuntamientos pueden ejercer competencias como la protección civil o la seguridad y la regulación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas. Estos se pueden gestionar bien directamente por el Ayuntamiento o bien a través de una concesión administrativa.

Servicios sociales

En cuanto a los servicios sociales, «son intocables y no entrarán en la discusión ni en el debate de la Mesa de Trabajo».

En este caso se mantendrá el Plan Concertado, que implica tanto al Ayuntamiento como a la Administración central y a la autonómica. «En estos momentos, sin embargo, las administraciones no están cumpliendo con la letra de este Plan ya que el Ayuntamiento está poniendo el 80% de la financiación de estos servicios y las demás administraciones el 20% restante, por lo que debemos exigir un reequilibrio porcentual tanto a la Junta como al Gobierno».