La Junta invierte en Chiclana dos millones de euros a través del plan Proteja

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha asegurado que el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja) en 2010 supondrá una inversión de 2.071.277 euros en la localidad, que el consistorio podrá destinar a realizar obras y, por primera vez, también a financiar servicios.

Pizarro ha visitado las obras que se han realizado con cargo a la primera edición del Proteja en el polígono Pelagatos, uno de los principales centros de empresas de la Bahía de Cádiz con unas 229 firmas asentadas en él. El titular de Gobernación y Justicia ha destacado la utilidad del programa anticrisis, que ha mejorado esta zona productiva con obras por valor de 1,4 millones de euros, contribuyendo así a mantener su actividad y el empleo que generan.

En concreto, el consistorio chiclanero ha destinado a la mejora de esta zona industrial la mitad del Proteja 2009, que ascendía a 2,6 millones de euros, y que ha generado un total de 70 contratos en el municipio.

Con estos fondos se han reurbanizado las avenidas de Cádiz y Algeciras así como varias calles secundarias y habilitar una oficina en el interior de la nave municipal, actuaciones que en la actualidad se encuentran finalizadas. Además, se está reformando la intersección entre la CN-430 (Cádiz-Barcelona) y la carretera de Pago del Humo y construyendo una rotonda de acceso al polígono, con el consiguiente beneficio para los usuarios de estas instalaciones.

Pizarro ha reconocido el esfuerzo que están realizando muchos empresarios para mantener su capacidad productiva y el empleo en sus empresas, e incluso para avanzar, por lo que les instó a continuar en este camino, “poniendo el mismo empeño que han puesto desde su creación en 1991 y que ha hecho de este polígono un área industrial de las más importantes de la Bahía de Cádiz”. En este sentido, ha señalado que “es el momento para que la iniciativa privada, codo con codo con la pública”, hagan frente a la situación económica que atravesamos.

El titular de Gobernación y Justicia ha asegurado que el Proteja constituye un respaldo “importante” para activar las economías locales y ha elogiado la respuesta del ayuntamiento chiclanero, que en este plan es el encargado de definir las actuaciones y ejecutarlas.

Así, entre 2009 y 2010 a través de esta política activa de empleo se habrán invertido en Chiclana 4,6 millones de euros. Una cifra que hay que sumar al Plan E promovido por el Estado, con el que los fondos destinados a generar empleo a través de obras y servicios contratados directamente por el ayuntamiento asciende a 25,9 millones de euros.

Nuevas características del Proteja

Pizarro ha recordado que en esta segunda edición del Proteja se han introducido además de las obras la posibilidad de contratar servicios, lo que ampliará el perfil de los contratados, anteriormente centrado en el sector de la construcción. Asimismo, otorga también prioridad a las necesidades de empleo de las mujeres y de los colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Uno de los objetivos que se ha marcado el Proteja ha sido acelerar la puesta en marcha de las obras, para lo que ha acortado la tramitación, con el fin de que en diciembre estén en marcha todas las actuaciones.

Así, el consistorio de Chiclana, al igual que el resto de los de Andalucía, tendrá hasta el próximo 1 de julio para presentar su solicitud al nuevo Proteja, que deberá ir acompañada, al menos, por el primer proyecto. Además, hasta el 15 de agosto podrá presentar el resto de iniciativas, que la Junta irá validando. Una vez comprobado que dichas actuaciones son financiables con este programa, tendrá un plazo de un mes para iniciar la licitación de las mismas.

Con el fin de potenciar la contratación, el decreto-ley que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno de la Junta establece que al menos un 70% del coste de personal de cada iniciativa presentada deberá corresponder a puestos de trabajo de nueva creación. En el caso de las obras, esta partida de personal representará como mínimo el 60% del coste total de ejecución, con la única salvedad –siempre que se justifique– de las actuaciones relacionadas con los daños del temporal.

En relación con las personas aspirantes a ser contratadas, se otorga preferencia a quienes no reciban subsidios ni prestaciones y posean cargas familiares, con especial atención a las mujeres y a colectivos especialmente vulnerables como los parados de larga duración, los mayores de 45 años, los menores de 30 y los discapacitados.