El Gobierno dará el silo nuclear al pueblo con el «máximo consenso»

El Gobierno asignará el almacén temporal central de residuos nucleares al municipio que, además de cumplir los requisitos técnicos para hacer viable la ubicación del silo, logre generar en torno al proyecto el «máximo consenso» político y social, según dejó ayer claro la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

A pocas horas del cierre del plazo de presentación de candidaturas, previsto por el Ministerio de Industria para las doce de la noche de ayer, diez ayuntamientos de cinco comunidades registraron la documentación para convertirse en aspirantes a albergar la infraestructura. Fuentes ministeriales no descartaron que, al final, los solicitantes llegasen a la docena. Ante la fuerte polémica que ha desencadenado esta semana el tramo final del concurso, con duros enfrentamientos entre instituciones regionales y locales, entre unos ayuntamientos con otros de la comarca, y entre concejales y dirigentes provinciales y autonómicos del mismo partido, el Gobierno pidió a todos que «se sosiegue el debate» y se actúe «con coherencia». A cambio, prometió que decidirá «con rigor» y premiará al aspirante que suscite mayores apoyos en su zona de influencia.

Jugosas subvenciones

De la Vega explicó que el Ministerio de Industria elaborará un estudio técnico de las características de cada localidad y emitirá, antes del verano, un informe en el que realizará una propuesta de designación con los municipios que reúnan las mejores condiciones técnicas y de seguridad. A partir de la propuesta, el Consejo de Ministros, entre junio y julio próximos, decidirá el ganador. Para la designación será determinante la paz política y social que suscite la adjudicación.

A dos horas del cierre del plazo, competían por albergar el almacén las poblaciones manchegas de Villar del Pozo (Ciudad Real), Villar de Cañas (Cuenca) y Yebra (Guadalajara); las castellano-leonesas de Santervás y Melgar de Arriba (Valladolid), Congosto de Valdavia (Palencia), y Torrubia (Soria); la catalana de Ascó (Tarragona); la valenciana de Zarra (Valencia); y la extremeña de Albalá (Cáceres).

Salvo Ascó, una población mediana gobernada por CiU, el resto de los candidatos son pueblos pequeños, varios de ellos de menos de 1.000 habitantes, con equipos de gobierno en los que participa el PP, bien en solitario o en asociación con independientes.

El gran atractivo del proyecto es el beneficio económico que conlleva para la zona. El almacén de residuos nucleares, que durante 60 años acogerá los desechos generados por los diez reactores existentes en España -ocho de ellos en activo-, supone una inversión de 700 millones de euros en su construcción, pero sólo precisa de un terreno de unas 13 hectáreas y, a cambio, generará 500 puestos de trabajo directos y centenares de empleos inducidos. El municipio que logre la concesión recibirá una subvención anual de Enresa, la empresa que gestiona estos residuos, de 2,4 millones de euros y otros 3,6 millones más para repartir entre los pueblos que estén en un radio de doce kilómetros. De forma adicional, los mismos ayuntamientos podrán aspirar a otros 1,8 millones de euros para la realización de proyectos de desarrollo local.