Diez derribos, 8.000 firmas

La familia Tocino sigue preguntándose porqué derribaron sus diez viviendas y otras muchas del municipio en situación similar siguen en pié. Ayer se cumplieron 22 días desde que el patriarca, Antonio Tocino, comenzara una huelga de hambre a modo de protesta a las puertas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que según asegura su portavoz, José Luis Velázquez, no abandonará «hasta que no se conozca toda la verdad sobre estos diez derribos». Tras varios conatos de reunión entre Velázquez y el Ayuntamiento, en la jornada de ayer el portavoz de los Tocino criticó que el Intendente Jefe de la Policía Local «haya comunicado a la familia que tienen hasta mañana (por hoy) a las 8 de la mañana para desalojar la rampa de acceso para minusválidos de la Gerencia Municipal de Urbanismo», que ocupa Antonio Tocino y los suyos en su protesta de ayuno.

Según ha podido conocer este medio, en el Consistorio se ha recibido un escrito de un colectivo en el que se critica la ocupación de dicha rampa de acceso para discapacitados a este edificio público y se pide que se despeje la misma para facilitar el trasiego de personas con movilidad reducida.

Pese a ello la Policía Local asegura que no ha instado a los miembros de esta familia chiclanera a que se retiren por completo de la zona, pero sí les ha conminado a que procedan a la retirada de diverso material que podría resultar peligroso para su integridad como bombonas, sillas o colchones. Sea como fuere, la familia ya ha reiterado que no tiene previsto abandonar su protesta. Su portavoz insiste en que el Ayuntamiento «está agotando las vías para solucionar el conflicto y acude a cualquier forma de presión para intentar amedrentar a la familia, sin conseguirlo».

Su caso se remonta a hace más de un mes, cuando la maquinaria pesada derribó una promoción de viviendas de su propiedad en la zona de Majadillas Bajas. Según los propietarios fue la Gerencia de Urbanismo quien ordenó esta demolición, mientras que desde el Consistorio se sigue manteniendo que lo único que hicieron fue obedecer una orden judicial para demoler estas diez unifamiliares edificadas sin licencia. El derribo ha provocado la aparición de una nueva plataforma ciudadana, que con el nombre de Plataforma Salvemos a Chiclana, lleva varias semanas recogiendo firmas «para que no se produzca ni un sólo derribo más». Según explicó ayer José Luis Velázquez, la iniciativa cuenta ya con 8.000 firmas y se marca como objetivo ahora formar parte de las negociaciones con la administración local para las Ordenanzas de Regularización de las Áreas de Gestión Básica que regirán la legalización de unas 15.000 casas en el extrarradio.