El PP pide garantías para que los damnificados por el agua reciban ayudas

La presidenta y portavoz municipal del Partido Popular, María José García-Pelayo, exigió ayer garantías para que los agricultores, ganaderos y los vecinos afectados por las inundaciones reciban ayudas compensatorias después de que las administraciones socialistas hayan puesto trabas de antemano a los colectivos damnificados.

García-Pelayo se mostró preocupada dado que fuentes de la Delegación de Medio Rural han avanzado que en torno al 85% de las solicitudes presentadas en la Oficina de Atención no se acogen a los decretos de ayudas, debido a que las familias solicitantes habitan en viviendas ilegales. La dirigente popular señaló que «la ley hay que cumplirla, pero no se puede tratar a los afectados de delincuentes».

En este sentido añadió que el Gobierno local «no puede aprovechar el drama de las inundaciones para poner sobre la mesa un problema urbanístico que ha eludido solucionar», y apeló a la solidaridad. «Además del problema urbanístico, el Ayuntamiento de Jerez no puede dejar desamparada a decenas de familias creando, además, un problema social».

Por otra parte, con respecto a los agricultores, informó de que las pérdidas son cuantiosas debido a que cada agricultor invierte al menos 4.000 euros por hectárea a lo que habría que sumar las pérdidas por las cosechas, y ha recordado que las administraciones socialistas adeudan aún cantidades millonarias tras el temporal de 2008.

Ante esta situación, García-Pelayo subrayó que el PP defenderá en el próximo Pleno una iniciativa que insta a evaluar y concluir las infraestructuras hidráulicas que eviten en el futuro nuevas inundaciones y que no han sido ejecutadas o que han sido ejecutadas mal por el gobierno autonómico pero también contiene propuestas a favor de los vecinos y los agricultores.

De esta manera, la dirigente popular reclamó, entre otras cuestiones, que se habiliten ayudas económicas, tales como el establecimiento de una línea de créditos para agricultores con una moratoria de, al menos, un año y tipo de interés cero, que el Gobierno de España se haga cargo del IBI de naturaleza rústica de las explotaciones afectadas compensando al Ayuntamiento por ello, la rebaja de los módulos del IRPF a los contribuyentes afectados, la subvención por parte del Ayuntamiento del 100% del pago del IBI a los vecinos cuyas viviendas se hayan visto afectadas, así como el pago de la reposición de muebles y enseres de aquellas familias que no dispongan de seguro.