El Tribunal Supremo sentencia que reunirse con Batasuna no es un delito

El Tribunal Supremo adoptó ayer una resolución jurídica que, a buen seguro, influirá en acontecimientos políticos futuros. Resolvió que dialogar con la ilegalizada Batasuna no es un delito y archivó la causa abierta contra el 'lehendakari' Patxi López, su antecesor, Juan José Ibarretxe, y el consejero de Interior vasco, Rodolfo Ares, por mantener encuentros con delegaciones de la formación ilegalizada en 2006, al calor del proceso de paz abierto con la tregua de ETA.

Los augurios optimistas del Gobierno central y del Ejecutivo de Vitoria se cumplieron punto por punto, y el tortuoso camino judicial iniciado hace cuatro años no tendrá más recorrido, salvo que las acusaciones particulares, Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, emprendan el improbable camino del Constitucional. De esta forma, eventuales conversaciones políticas con Batasuna u otra formación ilegalizada tendrán el abrigo jurídico del Supremo y las admoniciones a que no se abran negociaciones o contactos con el entorno terrorista tendrán el valor de una opinión política mas no proporcionarán base legal en la que fundamentar nuevas querellas.

El alto tribunal entró, a diferencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el fondo del asunto de las entrevistas y no vio «hechos constitutivos de delito» en los encuentros mantenidos por Ibarretxe el 19 de abril de 2006, cuando aún era 'lehendakari', y por López el 6 de julio de ese año, cuando era el líder de la oposición en Euskadi. Tanto uno como otro han repetido hasta la saciedad que sus reuniones con Batasuna tenían un único objetivo: la búsqueda de la paz tras la declaración de alto el fuego de los terroristas.

Tres semanas después de la declaración de tregua, Ibarretxe citó en el palacio de Ajuria Enea a los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena y Pernando Barrena, hoy encarcelados. El Foro de Ermua presentó una querella contra los cuatro en el Tribunal Superior vasco. Dos meses y medio después, López y Ares se vieron las caras en un hotel donostiarra con Otegi, Rufi Etxebarria y Olatz Dañobeitia. El PP denunció a los cinco en el mismo tribunal, y el Foro de Ermua se sumó. En ambos casos, las acusaciones se fundamentaban en que Batasuna era una formación ilegal y reunirse con sus representantes vulneraba una sentencia del Supremo.

Doctrinas

El Tribunal Superior del País Vasco, tras innumerables vicisitudes jurídicas y políticas, renunció a entrar en el fondo del asunto. El 12 de enero de 2009 decidió por dos votos a uno archivar las denuncias porque las acusaciones particulares, a la del Foro de Ermua se añadió la de Dignidad y Justicia, no estaban legitimadas para acusar. Aplicó así la llamada 'doctrina Botín', según la cual si el fiscal o el directo perjudicado no acusan no es posible abrir juicio. Este principio, avalado por el Supremo, se aplicó por primera vez en 2007 en un proceso contra el presidente del Banco Santander.

La aplicación de esta doctrina o su contraria, la 'Atutxa', que permitió juzgar en el Supremo al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, sin que la Fiscalía acusase y sin que hubiera un perjudicado directo, se midieron ayer en el alto tribunal. Y prevaleció la segunda. Los magistrados de la Sala Segunda, por cuatro a uno, decidieron estimar el recurso de las acusaciones particulares contra López, Ibarretxe, Ares y los dirigentes de Batasuna. El Supremo, sin embargo, al entrar en el fondo de la acusación la desestimó. Contentó así a unos y otros.

El tribunal tenía difícil tomar otra decisión ya que en diciembre de 2006 tuvo que resolver una querella del 'seudosindicato' Manos Limpias contra José Luis Rodríguez Zapatero, sus ministros, la dirección del PSOE, Patxi López y Rodolfo Ares por la mencionada entrevista con Batasuna en San Sebastián y resolvió que aquellos hechos no eran «constitutivo de ilícito penal alguno» porque no existía «orden expresa» de ningún tribunal para no hablar con representantes de la formación ilegal. Sería, dijo el Supremo entonces, «un fraude constitucional» que alguien pretendiese «corregir la dirección política de la política interior o exterior» puesto que la Constitución asigna esa facultad al Gobierno. Con este bagaje jurídico, mal podía desdecirse el alto tribunal de su resolución sobre el mismo asunto.

El Ejecutivo vasco señaló que el fallo ratifica que no hubo delito en los encuentros. El líder del PNV, Iñigo Urkullu, se congratuló con la resolución porque pone punto final a «un despropósito», en tanto que el portavoz socialista en la Cámara vasca, José Antonio Pastor, consideró que «se cierra un caso que nunca debiera de haberse iniciado».