Un año y medio de prisión por la muerte de un obrero en una chapuza de Arcos

Sin plan de seguridad, ni instalación de electricidad homologada en la obra. Los obreros tampoco dispusieron de herramientas esenciales de autoprotección como guantes o calzado que repelieran el riesgo de descarga eléctrica. Para la Fiscalía, la obra en la que falleció Juan Antonio Barea Pino era una auténtica chapuza. Pese al cúmulo de irregularidades, los responsables de la construcción de una nave industrial en Arcos, donde perdió la vida el obrero en enero de 2007, han eludido la cárcel, previo pago de una indemnización a la familia de la víctima. Tres personas estaban acusadas de delitos de homicidio imprudente y contra el derecho de los trabajadores -el promotor, el contratista y el arquitecto director de los trabajos- pero a través de un acuerdo alcanzado con el Ministerio Público evitaron ayer entrar en el juicio previsto en la sección jerezana de la Audiencia Provincial.

El fallecido murió electrocutado al tocar una hormigonera. Estaba contratado como peón para levantar una nave en la finca Las Lomas del Concejo y Majadal de Piña, aunque fue dado de alta en la Seguridad Social dos horas después del accidente. Como aparece reflejado en el escrito de acusación del fiscal, Juan Antonio llevaba trabajando dos días antes en el tajo.

Con el fin de ahorrar costes, el contratista decidió suministrar electricidad a la obra a través de un enganche ilegal que realizaron en una parcela próxima. Además, este procesado «nunca dio la orden» -asegura el fiscal- de recoger los rollos de cables tras cada jornada laboral. Esto posibilitó que el cableado se quedara a la intemperie y se fuera deteriorando por las condiciones climatológicas.

Mal estado de los cables

El accidente, como describe el representante del Ministerio Público y cuyo relato se ha dado por válido casi íntegramente en la sentencia de conformidad, se produjo cuando la víctima tocó el volante metálico de la hormigonera al mismo tiempo que procedía a enchufarla. El mal estado de los cables hizo que la corriente llegara a la herramienta de trabajo del peón y en último extremo a éste, que cayó fulminado. La obra, aunque contaba con un arquitecto, éste no realizó ningún estudio básico de seguridad.

La sentencia se firmó ayer después de que los acusados abonaran una indemnización a la familia de la víctima de 148.000 euros. El fiscal retiró la acusación que dirigía contra el promotor de la obra, para quien solicitó el archivo de las actuaciones. Para los otros dos procesados, el arquitecto César Temblador y el contratista José María Saborido López, el Ministerio Público solicitaba tres años y medio de cárcel para cada uno. La conformidad ha pasado por una rebaja de la pena que permite a los acusados no pisar la cárcel. Los dos han aceptado una condena de un año y medio. Al tratarse de un periodo inferior a los dos años y ambos carecer de antecedentes, la Fiscalía acepta la suspensión de la ejecución de la sentencia siempre y cuando no cometan ningún delito durante los próximos tres años.

Eso sí, ambos condenados han sido inhabilitados durante el tiempo de la condena para ejercer sus respectivas profesiones.