Los ecologistas logran una victoria en su defensa de las vías pecuarias

Ecologistas en Acción acaba de sumar una nueva victoria a su causa por el mantenimiento de las vías pecuarias y cañadas rurales. La Consejería de Medio Ambiente acaba de iniciar un expediente sancionador de parte de la Cañada Real de Albadalejo y Cuartillos, en el diseminado rural de Magallanes, donde Ajemsa realizó acometidas de agua y obras de infraestructura para dotar de abastecimiento y saneamiento a este núcleo antes de que la vía fuera asfaltada. La empresa municipal del agua actuó en dos tramos de la cañada de 1,9 kilómetros y 500 metros.

El colectivo denunció el asfaltado de la vía a principios del mes de septiembre, después de haber recibido varias reclamaciones ciudadanas. Ecologistas en Acción dirigió un escrito a la delegación provincial explicando que «las obras realizadas suponen una urbanización de facto de un tramo considerable de la vía pecuaria y del espacio ocupado por viviendas ilegales». Los denunciantes reclaman que, según las leyes, este tipo de actuaciones tienen que ser acordes «con el uso agropecuario y contar con autorización del organismo competente» y recordando que otras vías pecuarias de la zona han sufrido intervenciones similares como la Cañada Real de Lomopardo, los Arquillos o la Cuesta del Infierno (en El Mojo).

Con las argumentaciones de la agrupación ecologista, la Consejería de Medio Ambiente ha calificado de muy graves las actuaciones emprendidas en esta cañada. Así, la administración autonómica anunció al colectivo de la apertura de un expediente sancionador que incluye la obligación del Ayuntamiento de restituir el terreno a su estado original. «Este tipo de actuaciones en las que no se ha respetado la legalidad no hacen sino confirmar la necesidad urgente de abordar la problemática que sufren nuestras vías pecuarias antes de que desaparezcan. La legislación actual obliga a realizar un trazado alternativo a las cañadas que, como consecuencia del nuevo PGOU, van a ver modificado su trazado, siendo estas actuaciones sufragadas por los beneficiados por las ocupaciones de vías pecuarias. El Ayuntamiento, y las demás administraciones, son los primeros obligados a respetar las normas y a velar por la conservación de las vías pecuarias que son patrimonio de todos», explicaron desde Ecologistas en Acción.