Prevenir la corrupción

El año 2009 llega a su fin con algunos gestos que vendrían a demostrar que los partidos están reaccionando ante un problema que cuestiona su credibilidad y menoscaba la del propio sistema democrático. La relativamente pronta respuesta que el PSC y CiU dieron a la detención de relevantes afiliados suyos en la 'operación Pretoria' así pareció demostrarlo. Pero es el Código de Buenas Prácticas aprobado ayer por la ejecutiva del PP lo que, tanto de cara a su aplicación entre los populares como para procurar un 'pacto por la transparencia' entre todas las fuerzas democráticas, podría inaugurar un tiempo nuevo. La casuística que la corrupción política ha venido describiendo en nuestro país durante los últimos años ofrece las claves para combatirla. El propio 'caso Gürtel' brinda buena parte del catálogo de circunstancias y comportamientos que han de prevenir los partidos y las instituciones. Tanto la prohibición de aceptar regalos que no sean estrictamente personales como el control sobre las contrataciones que realice el partido, o la publicación de las declaraciones de bienes y actividades de los diputados autonómicos acordada ayer por las Cortes valencianas, son medidas acertadas que deberían extenderse al conjunto de las formaciones políticas y de las cámaras legislativas. Pero los partidos tienden a sortear su respuesta a las imputaciones judiciales que puedan recaer sobre sus cargos públicos a causa de presuntas irregularidades en el desempeño de su función institucional. El hecho de que ayer mismo un edil del PP se hiciera con la Alcaldía de Arrecife, en Lanzarote, gracias a los votos de dos miembros del Consistorio imputados refleja hasta qué punto son las excepciones las que ponen en entredicho la voluntad de transparencia de las formaciones democráticas. Por otra parte, aun siendo positiva la medida adoptada por la ejecutiva popular para fiscalizar internamente los contratos que realice el partido, no estaría de más que las relaciones que las fuerzas políticas formalicen con proveedores y empresas sean contempladas también por la normativa general. Se trataría de evitar que el aparente cumplimiento de la legalidad oculte prácticas por las que los servicios a una u otra formación acaben siendo abonados indirectamente desde las instituciones.