Las autonomías del PP cogen el dinero y dicen 'sí' a la financiación

Los millones de euros adicionales que el Gobierno puso sobre la mesa para sacar adelante la nueva financiación autonómica sirvieron ayer para que las comunidades gobernadas por el PP aparcaran los principios que les impidieron aprobarlo en julio. Ni uno solo de los consejeros que se reunieron con el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, se atrevió a decir 'no' a un modelo que en su día la dirección popular tachó de «opaco, difícil de entender e injusto socialmente». De haberlo hecho, en sus territorios seguiría aplicándose el modelo vigente y no recibirían ni un euro de los 11.000 millones extra que se inyectarán al sistema.

Que la postura de estas comunidades sería difícil de explicar era algo que ya sabían sus presidentes cuando hace cinco meses Mariano Rajoy pidió que no dieran su respaldo a la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano territorial en el que se aprobó la reforma gracias al voto del propio Ejecutivo, de las autonomías socialistas, Cantabria, Canarias y la ciudad autónoma de Melilla. A fin de evitar una contradicción sangrante con lo que iban a decir, cuando tocaba ya decidir si querían para sí mismas el nuevo sistema, optaron por la abstención. El consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, alegó que su 'sí', «a regañadientes», está condicionado por el sentido de la responsabilidad, porque de haber quedado fuera se habrían visto afectados los intereses de los madrileños, pero aseguró que si en lugar de reinventar un nuevo sistema se hubiera actualizado la población base del aprobado en 2001 más los recursos adicionales prometidos, Madrid habría logrado 600 millones de euros más de lo que obtendrá ahora.

En esa misma línea se movieron los consejeros de La Rioja, Castilla y León, Murcia, Galicia y el presidente de Ceuta. Todos aseguraron que en su aceptación del nuevo sistema -que implica un cambio de filosofía sobre el existente y limita, por primera vez, la solidaridad interterritorial- no hay acuerdo sino «contrato». Sincero, el vicepresidente de Melilla (PP), Miguel Marín, justificó: «Rajoy nos dijo que cada cuál debía analizar el asunto en función de sus intereses y eso es lo que hemos hecho; no hemos atendido a la repercusión para el conjunto, ni al impacto sobre la economía del país».

El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, achacó esta actitud a que el PP actuó en su día de manera partidista y «sin sentido de Estado». También ratificaron el sistema Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias, Extremadura, Aragón y Andalucía. Ni Valencia ni Cantabria pudieron hacerlo, ya que sus consejeros no pudieron desplazarse a Madrid por la nieve.