La renovación del Tribunal Constitucional

Es cierto que el Tribunal Constitucional debería haber sido renovado hace ya tiempo. Es cierto que las deliberaciones sobre la sentencia del Estatuto de Cataluña se están alargando, y no lo es menos que se trata de una cuestión muy importante y que la decisión del Alto Tribunal se espera con una ansiedad poco disimulada.

Es cierto, asimismo, que los partidos políticos, especialmente los dos mayoritarios, no hemos sido capaces o no hemos sabido ponernos de acuerdo para llevar a buen puerto la renovación de los cuatro magistrados que corresponde designar al Senado y uno al Congreso de los Diputados. Es cierto que se renovó la Ley del Tribunal Constitucional la pasada legislatura para que las comunidades autónomas tuvieran un mayor protagonismo a la hora de designar los magistrados de este órgano jurisdiccional y que el principal partido de la oposición sorprendió a todos proponiendo a los dos mismos candidatos en todas las autonomías donde gobiernan.

Todas estas certezas han ido derivando en una suerte de interpretaciones, algunas acertadas y otras malintencionadas, en las que se ha llegado a acusar al propio Tribunal Constitucional de bloquear su propia renovación. Aprovecho para hacer autocrítica desde la política, ya que somos nosotros, y exclusivamente nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de ponernos de acuerdo, tal y como nos señala la Constitución muy acertadamente al establecer mayorías cualificadas para renovar el Alto Tribunal.

Digo muy acertadamente porque en España se ha avanzado siempre en democracia a golpe de consenso y de acuerdo. El ejemplo más claro de ello fueron las negociaciones para la elaboración del propio texto constitucional, en las que políticos de toda clase y condición supieron conjugar la presencia del pasado con la necesidad de ganar el futuro y construir una sociedad libre, formada e informada. Soy consciente de la profundidad del cambio que supone la aprobación del nuevo Estatuto catalán. No me corresponden a mí las interpretaciones sobre su encaje constitucional. Lo que sí me parece muy relevante es el hecho de acertar.

Es cierto también que nos equivocaremos si no somos conscientes de lo que la sociedad catalana, a través de sus instituciones, las Cortes Generales y posteriormente la ciudadanía convocada en referéndum, ha decidido como norma propia de convivencia. Porque al final, un estatuto de autonomía es el marco de convivencia del que nos dotamos para desarrollar nuestra vida en nuestra comunidad autónoma. Pero es cierto que nos equivocaremos si cuestionamos las decisiones de los órganos jurisdiccionales, de los que también nos dotamos cuando votamos la Constitución en 1978 hace ahora 31 años. Porque es compatible defender el recorrido del Estatuto de Cataluña con defender las resoluciones del Tribunal Constitucional. Éstas son las reglas del juego. Si no nos gustan, cambiémoslas. Existen los mecanismos apropiados para poderlo hacer.

Y todo ello es coherente también con defender los cambios de la Constitución en cuatro aspectos necesarios y de gran sentido común. Esto es, la igualdad en la sucesión a la Jefatura del Estado, recoger los nombres de las comunidades autónomas, hacer referencia a que nuestro país es miembro de la Unión Europea y, por supuesto, la reforma del Senado para hacer de esta institución una auténtica Cámara de representación territorial acorde a la España de hoy pero, sobre todo, con la mirada puesta en el futuro.

Como presidente del Senado, es mi competencia convocar la reunión de la comisión de nombramientos que inicie el proceso para relevar a los cuatro magistrados que deben ser propuestos para el Alto Tribunal por parte de la institución que presido. Y, consciente de esa responsabilidad, decidí no convocarla hasta que se alcance un acuerdo y se garantice que la renovación saldrá adelante. Desde luego, nada más lejos de mi intención cuestionar a quienes han sido propuestos por los parlamentos autonómicos, todos ellos con carreras muy respetables, o permitir que su paso por la comisión de nombramientos en el Senado se convierta en un espectáculo mediático-político. Ni son las formas, ni el Senado es el lugar para ello, ya que de todo este proceso las instituciones tienen que salir fortalecidas, y no al revés.

Es cierto que tengo una honda preocupación por la percepción que se pueda estar extendiendo en la ciudadanía de que, al final, la política es incapaz de llegar a acuerdos o suscribir consensos cuando, en puridad, no hay ningún motivo de calado para no hacerlo. De hecho, España es un país que ha dado muestras de capacidad de gran entendimiento en momentos históricos más difíciles mientras atravesaba situaciones más complicadas que las actuales. Cuando celebramos el trigésimo primer aniversario de la aprobación de la Carta Magna, parecemos olvidar que ésta tiene toda la fuerza de la Ley, y la robustez que le hemos dado durante más de tres décadas, pero también -y esto es algo que debiéramos tener presente- su alma de pacto. Y no se me ocurre mejor manera de celebrarlo que dando una muestra de responsabilidad, de capacidad y de voluntad política para acordar la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional.