«Soy inocente; sigo siendo el alcalde en el que confiáis»

La apertura del secreto de sumario y la manifestación ciudadana del pasado día 11 han vuelto a provocar que el alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, hable sobre el robo de los 7,8 millones de euros que fueron sustraídos de la caja de la delegación de Economía y Hacienda durante al menos cinco años.

De Bernardo no quiso hacer valoraciones sobre la investigación pero si arrojó algunas conclusiones, además de defender su inocencia y la del resto de trabajadores del Ayuntamiento. Si bien reconoció que «la caja no había funcionado bien en tanto en cuando nos han robado» manifestó de forma pública su intención de seguir al mando de la ciudad como alcalde «comprometido con el futuro de San Fernando y dispuesto a liderar los proyectos que están en marcha».

El regidor isleño destacó de su lectura del sumario que «deja bien claro que soy inocente y ningún miembro del Gobierno municipal ha tenido nada que ver con el robo. Nadie del Gobierno Municipal se ha llevado un euro del Ayuntamiento. Nadie del Partido Andalucista ha sido indigno de la confianza de sus vecinos. Tenemos las manos limpias». Así recalcó que tan sólo los dos funcionarios de la caja eran los únicos presuntos autores de los hechos según las investigaciones y que se había confirmado el informe elaborado por los servicios económicos municipales cuando se detectaron las irregularidades.

Campaña de «acoso»

La delegada de Economía y Hacienda, Mercedes Espejo, hizo acto de presencia junto al alcalde pero no realizó declaraciones sobre el asunto. Sin embargo, si fue mencionada por De Bernardo, quien la señaló como compañera en el sufrimiento de una campaña «de acoso y de linchamiento moral» que habían soportado durante casi nueve meses por respeto al secreto del sumario y a la Justicia. «Ahora, puedo inspirar una bocanada de aire fresco y gritar con todo mi ser: ¡Se está haciendo justicia conmigo!, he estado callado mucho tiempo aguantando las injurias y las injusticias, viendo la duda en algunos de mis vecinos, soportando mentiras, pero ahora puedo decirle a mis vecinos con fundamentos, argumentos y pruebas claras: sigo siendo el alcalde en el que confiáis», señaló. Pero el alcalde de San Fernando también tuvo palabras para los miembros del PSOE local y su portavoz, Fernando López Gil, a quien acusó de haber promovido e impulsado un proceso político paralelo. «Han querido criminalizar mi gestión y no ha mostrado ningún interés verdadero en llegar al fondo del asunto. Le ha interesado más sacar tajada política de un hecho delictivo aunque para ello haya tenido que recurrir a la mentira».

El nombre del ex alcalde andalucista, Antonio Moreno, también fue mencionado ayer por De Bernardo al recordar una de sus frases: «En política, no todo vale». Así se calificó como acreedor de un respeto tanto personal como profesional y como una persona de profundas creencias y convicciones. «Desde el primer momento que detectamos el robo y lo pusimos en conocimiento de la Policía de inmediato, he compartido y comprendido la preocupación e indignación de mis conciudadanos» señaló a la vez que reconoció haber pasado «un tiempo muy duro, pero mi trayectoria política, profesional y humana no está dañada por mucho que algunos se hayan empeñado».

Por último De Bernardo señaló su intención de seguir con mayor «ilusión» al frente del equipo de Gobierno manifestación que «es un mal día para quienes no creen en el Estado de Derecho, en la Democracia y en los Derechos del ser humano porque hoy han sabido que, a pesar de sus estrategias, el alcalde de San Fernando está dispuesto a seguir luchando».

Un sólo detenido

Tras las última ronda de declaraciones en los juzgados isleños en la que volvieron a testificar el Interventor, la Tesorera, y las dos auxiliares de la caja, el funcionario Clemente R.G. siguen siendo el único detenido por el presunto robo de los 7,8 millones de euros. Su compañera en las labores de cajeros, María José L. de C. continua manteniendo su situación legal como imputada en libertad con cargos. Sin embargo, la lectura del sumario deja entrever como las investigaciones policiales reflejan la presunta culpabilidad de Clemente como único posible culpable de la sustracción del dinero de la delegación de Economía y Hacienda.

En el punto de mira seguirían también dos ciudadanos marroquíes de la misma familia que podrían ser la clave para descubrir el paradero de los millones desaparecidos. Sin embargo, tras los registros domiciliarios en sus propiedades y negocios, las pruebas no habrían sido suficientes para inculparlos.