AI denuncia la vulneración de derechos en centros terapéuticos de menores

Amnistía Internacional ha denunciado que los niños ingresados en centros terapéuticos pueden "ser víctimas de abusos sexuales, malos tratos, tratamiento cruel y degradante, ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados, medicados sin diligencia y en contra de su voluntad" y todo, con "total impunidad" porque su existencia y su realidad son "invisibles".

Esta es una de las conclusiones del informe 'Si vuelvo, me mato' elaborado por la organización a partir de unas 170 entrevistas con trabajadores y menores que están o han pasado por centros de Cataluña, Madrid y Andalucía, comunidades que concentran el 55% de los centros terapéuticos para menores con problemas de conducta de toda España. La investigación sigue la estela de la ya publicada por el Defensor del Pueblo sobre estos centros porque pese a sus denuncias "no ha cambiado casi nada".

"Si yo atara a mi hija en una silla con cinta de embalar, si le diera medicación sin decirle para qué, si la mantuviera varios días aislada en una habitación y si además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija, el fiscal o la autoridad judicial me la quitaría. Si esto lo hace el Estado en los centros terapéuticos, como ha documentado AI, no pasa absolutamente nada", ha denunciado el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán.

Según ha explicado la investigadora de AI Elena Estrada, esto es lo que ocurre en los centros porque entre los castigos más frecuentes están el amordazar a los niños en una silla a la intemperie, privarles de alimento hasta tres días, encerrarles en "celdas de aislamiento una semana o dos", prohibir las visitas familiares u obligarles a permanecer 24 horas de pie. Además, ha denunciado que se aplican contenciones físicas (sujecciones), mecánicas (ataduras) y farmacológicas (con medicamentos) "con objetivo de castigar al menor", y no como tratamiento o como respuesta a un momento puntual de crisis.

Fármacos como castigo

En este sentido, la organización incide en la violación de derecho a la salud de estos niños, a quienes "se suministran psicofármacos con una finalidad sancionadora y no terapéutica" y que pese a tener el derecho reconocido de conocer su diagnóstico y tratamiento si han cumplido 12 años de edad, no reciben información sobre los fármacos que están siendo obligados a ingerir.

"Cualquier medida sobre medicación forzada, sobre sometimiento a contención física o sobre celdas de aislamiento no tiene supervisión judicial, ni fiscal y menos autorización judicial, con lo cual, estas medidas que en muchos casos son violaciones de derechos humanos dependen del criterio de cualquier educador o cualquier personal de estos centros", ha denunciado Esteban. En las cárceles, este tipo de conductas son "siempre" autorizadas por el magistrado de vigilancia penitenciaria.

En cuanto a los abusos sexuales, "los más difíciles de denunciar y probar" según la organización, Estrada ha señalado el "caso paradigmático" ocurrido en un centro de Cataluña, donde un supuesto educador estuvo "años" abusando de los niños internados que, a su vez y como consecuencia, repitieron esta conducta con otros menores. "Muchos de ellos estaban en el centro precisamente porque habían sido víctimas de abusos sexuales", ha señalado.

Las consecuencias para estos niños "no pueden ser peores" tanto a nivel físico como psicológico. Estrada recordó que al menos una decena de menores se han suicidado en estos centros en la última década por "la falta de diligencia" de los trabajadores para prevenir esta situación ya que "ni siquiera piensan en retirarles el cinturón" cuando les ingresan en celdas de aislamiento.

El Gobierno debe investigar

Ante estos abusos, los menores se encuentran "desprotegidos" ya que, según explica el informe, no disponen de mecanismos rápidos y sencillos para presentar una denuncia y sus interlocutores son los trabajadores del centro, que en muchos casos son quienes cometen los abusos. Si la queja prospera y hay juicio, la citación llega al propio centro, que tiene conocimiento de la situación incluso antes que el menor interesado.

La organización ha promovido una acción en Internet para exigir al Gobierno que investigue la situación en estos centros, que elabore protocolos para contar, controlar y supervisar estos centros y que emprenda las reformas oportunas para que el poder judicial "sea visible" en estos casos, porque "la Administración tiene noticia de todas estas denuncias y aquí lo único que está claro es que no se ha hecho nada", señaló Beltrán.