Los técnicos municipales presentan sus demandas contra el Ayuntamiento

Los técnicos municipales (son un total de 11) afectados por recortes de sueldos «de entre el 20 y el 40%» han presentado ya todas las demandas individuales al juzgado, tanto por vía social como contencioso-administrativa (en el caso de los funcionarios). El objetivo último es, lógicamente, que se restablezca la situación anterior a la decisión tomada por el gobierno local y que se ha traducido en importantes palos en las nóminas de todos estos mandos intermedios.

Mientras la Agrupación de Técnicos Municipales (ATM) de Jerez ultima una querella conjunta por la vía penal -al igual que ha hecho uno de los damnificados, a título individual-, los once mandos intermedios han dado curso a sus demandas por tanto en el juzgado. El presidente de la ATM, Javier Valle, explicó que el objetivo es bien distinto en cada caso. Así, la querella de la agrupación contra Pilar Sánchez por presunta prevaricación tiene como objetivo esclarecer las responsabilidades que se pudieran derivar de dichas actuaciones.

«Creemos que se basan en supuestos falsos y por tanto entendemos que se comete una ilegalidad», aclaró el presidente de la ATM. En cualquier caso, Javier Valle precisó que «el objetivo no es inhabilitar a nadie, sino detectar un posible delito y castigar a quien lo haya cometido». Pero lo más importante para los perjudicados es volver a la situación anterior y que pare la «caza de brujas».

Ése es precisamente el objetivo de las demandas individuales, que se terminaron de presentar entre el jueves y el viernes pasado.

Abiertos al diálogo

Ya como agrupación, representando a los afectados, la ATM tratará de llegar a un último acuerdo con el Ayuntamiento antes de presentar la querella contra la regidora. «No estamos cerrados al diálogo y esperamos que el Ayuntamiento tampoco», indicó su portavoz, ya que a nadie le interesa embarcarse en una batalla judicial.

No obstante, no pasó por alto que ya se hizo un intento de contactar con Alcaldía por parte de uno de loa afectados, pero no se lograron los objetivos previstos.

Valle también denunció la existencia de una «lista negra de 40 ó 50 personas, lo que pasa es que por ahora sólo se han tomado medidas contra una parte». Sin embargo, el ambiente de «miedo» continúa en el Ayuntamiento.

La Agrupación de Técnicos Municipales se constituyó a comienzos de año para defender al colectivo de las actuaciones del gobierno local socialista que les pudieran perjudicar. Desde entonces, no han parado de dar guerra, si bien es ahora cuando el ambiente está más caldeado que nunca.

Su primera actuación fue llevar ante la justicia la estructura de mando del Consistorio, así como el convenio colectivo. En el primero de los casos, fue la propia Junta la que acabó tumbando la organización llevada a cabo por el Ayuntamiento, pues entendía que no cumplía todos los criterios necesarios.

El enfrentamiento se recrudeció cuando denunciaron recortes de sueldo contra parte del personal. Inmediatamente, anunciaron que recurrirían a la vía judicial, que es en lo que se encuentran inmersos.

Malestar

En medio de toda esta batalla, algo que molestó especialmente a los técnicos fueron las declaraciones de Pilar Sánchez contra la plantilla municipal que protestó por los retrasos en el pago de las nóminas.

Posteriormente, Sánchez se disculpó ante los trabajadores por llamarlos «insolidarios», pero la ATM señaló que esto le olía «a trampa» y pidió solución a los graves problemas económicos que tiene el Ayuntamiento jerezano.

De hecho, el colectivo alertó a este medio sobre la posibilidad de que, si la situación empeora, la Junta de Andalucía tenga que intervenir las cuentas del Consistorio.

Habrá que ver, en el caso de las rebajas de sus salarios, si es posible llegar a un acuerdo con el gobierno local que ponga fin a esta complicada situación.

La crispación se ha acentuado, por cierto, cuando han denunciado que habrá «nuevos recortes y ceses» en el colectivo, según les habría comunicado ya el área de Recursos a los afectados.

Sin embargo, la delegada de Recursos, Ainhoa Gil, siempre ha defendido la «estricta legalidad» de todas las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno local, «dentro de un proceso de adecuación y normalización de la plantilla municipal».

«Seguiremos trabajando en este sentido para que las retribuciones se ajusten tanto al convenio como a las funciones reales que se desempeñan», subrayó la delegada en la última respuesta a los técnicos.

En cualquier caso, aseguró que «se están respetando los sueldos base y sí se han reajustado o eliminado los complementos que se perciben en función de las responsabilidades actuales».

Distinta es la versión mantenida en más de una ocasión por la agrupación de técnicos, que sostiene que «los complementos no se deben modificar».