Unidos por el campo andaluz

La Cámara andaluza aprobó el pasado jueves una proposición no de ley instando al Gobierno autonómico a un «pacto en defensa de la agricultura» y acordó crear grupos de trabajo en el Parlamento que analicen la situación del agro y que busquen soluciones con los sectores afectados. La propuesta, presentada por el grupo socialista, fue aprobada por unanimidad por todos los partidos. Esta unanimidad inusual en la Cámara andaluza se entiende por el mal momento que vive el campo andaluz: En cinco años ha bajado un 26% la renta agraria en Andalucía y se han cerrado 12.000 explotaciones agrícolas y ganaderas. «La pérdida de renta es brutal, para muchos no es rentable el campo», explica la diputada por Granada del PP, Lola Calderón. «A la crisis mundial se ha unido unos costes de producción muy altos frente a los precios cada vez más bajos de los productos en origen», añade el diputado socialista José Muñoz.

«La situación es insostenible», admite Antonio Caro, de Asaja. Este ingeniero agrónomo es experto en la política agraria de la Unión Europea y es en Bruselas hacia donde todas las miradas se dirigen con bastante recelo. Un documento interno de la Comisión Europea sobre las perspectivas financieras de la UE a partir de 2013, cuando concluye el actual marco presupuestario, excluye la política agraria común, conocida por la PAC, lo que hace temer que desaparecerán las ayudas al campo, único balón de oxígeno a la inestabilidad actual. Aunque el citado borrador ha desaparecido del mapa y nadie en Bruselas quiere dar cuenta de él, las alarmas están todas encendidas. Al desasosiego por la crisis y la inestabilidad del agro se añade la incertidumbre sobre su futuro, que todos tildan de «incierto». «La incertidumbre es total», corrobora Antonio Caro.

Es por ello que tanto administraciones, partidos políticos como organizaciones agrarias se han puesto las pilas para movilizar cuantas influencias puedan con el fin de que no se arruine el sector primario. A la iniciativa parlamentaria se une la Consejería de Agricultura con unas jornadas la próxima semana en Granada en la que se abordará el tema. Son consencuencia del intenso programa sobre el futuro de la agricultura y la PAC que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural ha venido desarrollando a lo largo del año.

Semestre español

Todo ello con un interés común: España presidirá la Unión Europea los próximos seis meses y aunque la elaboración del futuro marco presupuestario aún está lejos, las organizaciones agrarias confían en que España pueda «poner en valor la PAC» de forma que se garantice su continuidad, explica Antonio Caro. El Ministerio utiliza un lema: 'La agricultura y la alimentación, sectores estratégicos de la UE'. «Vemos muy acertado el lema y nosotros lo suscribimos», indica el representante de Asaja. Caro confía en que la mecha que prenda el semestre español aguante lo suficiente para que cuando a finales de 2011 se empiece a gestar el marco 2013-2020 alumbre a los responsables comunitarios y estos mantengan ese balón de oxígeno, la única política común existente en la UE.

Según Antonio Caro. En su opinión no se puede ignorar un sector que cuenta con 12 millones de agricultores y 30 millones de trabajadores en los países de la Unión Europea y que trabajan para el autoabastecimiento de 500 millones de consumidores.

El sector primario sigue siendo de gran peso en España, con un millón de agricultores, y en Andalucía, que cuenta con 250.000 explotaciones agrarias que ocupan el 95% de su territorio. Éstas acaparan alrededor de 1.500 millones de euros en ayudas referidas a la PAC de los 7.000 millones que recibe España al año. Prácticamente, todos los cultivos reciben ayudas, siendo el olivar por su gran extensión en Andalucía el que más acapara.

¿Por qué son tan imprescindibles las ayudas europeas al campo? Caro sostiene que los pagos directos «dan cierta estabilidad dentro de la inestabilidad» existente no sólo por la crisis financiera. Ahora más que nunca, cuando los productos agrícolas están a merced de un mercado desregularizado con países emergentes, como China, India, Brasil o la vecina Marruecos, presionando en la Organización Mundial del Comercio a su favor. Un ejemplo sirve de muestra a la inestabilidad: «Hace dos años los cereales tenían buen precio y había buenas perspectivas al respecto, en un año han caído en picado», explica Caro.

«La cadena de valor no está funcionando de manera justa y el agricultor y el consumidor son los que más sufren», manifiesta Caro. Los precios de sus productos son los de hace 20 años y a veces la mitad menos: Un kilo de girasol se vendía a 81 pesetas en 1991 y ahora está a 42 pesetas el kilo.

Por contra, los costes se han triplicado por diferentes razones, incluidas las exigencias que el marco europeo impone a sus ciudadanos. En este sentido, las organizaciones agrarias deploran que Europa finalmente se sirva de productos de países emergentes cuyas exigencias son mínimas. No sólo el coste del petróleo encarece el gasto del agricultor. Bruselas no permite los transgénicos, que se cultivan en el resto del mundo, como la soja de Estados Unidos. La UE ha restringido las materias activas, de forma que el agricultor ha de gastar más en fitosanitarios que no contengan componentes prohibidos. «Un componente prohibido aquí no lo está en Marruecos, cuyos productos compra Europa». Tampoco las exigencias laborales en este país o en otros exportadores de productos agrícolas son tan estrictas como en Europa.

Otro modelo

«Se es muy estricto en Europa, pero no con los que vienen de fuera», manifiesta la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera. Para esta responsable del Ejecutivo andaluz el futuro modelo de la PAC debe cambiar, algo en lo que coinciden también el PP. El actual sistema prima las ayudas por cultivo sin tener en cuenta la producción. Para el diputado José Muñoz, muchos males del campo actualmente provienen de este sistema de ayudas desacopladas. Según Aguilera, para garantizar las rentas agrarias deben seguir las ayudas, pero de otra manera. «Tampoco sirven para garantizar la calidad alimentaria cara a los consumidores», en referencia a la competencia desleal de terceros países con menos exigencias.

Sobre cómo debe ser el nuevo modelo de ayudas al campo lo tiene más claro Antonio Perianez, secretario de la sección agroalimentaria de CC OO Andalucía. En su opinión la PAC desaparecerá y se darán ayudas con el objetivo de una Europa más ecológica: Serán incentivos con criterios de valor añadido y desarrollo sostenible que fomenten otras actividades en los pueblos y más empleo. Él defiende esta posición y se pregunta cómo después de 30 años de subvenciones el campo está tan mal. Lo achaca a que el empresario agrícola no se ha organizado: «Hay 800 almazaras y compiten entre ellas», dice.

Para Antonio Caro no es momento de hablar de modelos, sino de garantizar que sigan las ayudas. Por ello confía en el semestre español en la UE. «Es un lujo que no nos podemos perder», sostiene la consejera Clara Aguilera.