PSOE y PNV limitan la obligación de informar a los padres para abortar

La futura ley del aborto permitirá a las chicas de 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin necesidad de informar a los padres, siempre que aleguen que el conocimiento de ese hecho por parte de los progenitores puede conllevar «un peligro cierto de violencia familiar, amenazas, coacciones o malos tratos». La enmienda que el PNV había puesto como condición para sumarse a la iniciativa de los socialistas quedó así ayer desdibujada en una redacción en la que, además del PSOE, metieron la pluma IU y Esquerra Republicana.

El texto del dictamen aprobado por la comisión de Igualdad del Congreso introduce, como pretendía la formación nacionalista, el deber de que «al menos uno de los representantes legales» de las menores en esa franja de edad sean informados de su decisión. Sin embargo, permite que esa comunicación sea prescindible cuando la joven alegue «fundadamente» alguno de los riesgos mencionados o «se produzca una situación de desarraigo y desamparo».

Lo que significa «fundadamente» está, en todo caso, sin definir. Pero la portavoz socialista en la materia, Carmen Montón, afirmó que bastará con que las adolescentes que deseen abortar expliquen verbalmente al médico que pueden ser víctimas de amenazas, por ejemplo, para que la intervención sanitaria se produzca sin la más mínima involucración paterna. «Lo normal es que las menores cuenten con sus padres -añadió- pero hay situaciones en las que desgraciadamente no puede ser así y se ha incluido este punto para no poner a estas jóvenes entre la espada y la pared y abocarles a un circuito de clandestinidad que les puede llevar a un aborto ilegal e inseguro».

La ambigua redacción del proyecto, que se votará en pleno el jueves próximo, ha permitido al PSOE sumar a los peneuvistas al pacto sin perder el respaldo de las fuerzas de izquierdas. ERC e IU habían puesto pegas a la obligación de informar a los padres, e incluso pretendieron ampliar las excepciones al riesgo de que las chicas sean «presionadas» en su deliberación o estén en situaciones «análogas» a la del desarraigo pero, en última instancia, se conformaron con los supuestos fijados.

En realidad, el 'sí' del PNV se daba casi por descontado después de que la dirección anunciara en octubre que impondría a los suyos la disciplina de voto, hecho inédito, y que apoyaría la ley si se reconocían cuestiones como ésta o el derecho a la objeción de conciencia. La ley lo recogerá también, pero sólo para los sanitarios «directamente implicados» en la interrupción del embarazo y, en todo caso, tendrán que manifestar su objeción por escrito; no vale la declaración verbal.

A partir de este momento, la ley cuenta sólo con la oposición de algunos diputados de CiU, que ha dado libertad de voto a sus representantes, y del PP. La portavoz popular, Sandra Moneo, denunció que la enmienda que afecta a las menores es un mero «lavado de cara» que servirá de auténtico «coladero» para que las adolescentes aborten de espaldas a sus progenitores. Criticó además el texto por entender que banaliza el aborto y lo convierte en un método anticonceptivo más. Y dejó caer de nuevo la intención de su partido de recurrir al Constitucional.