editorial

Justicia para Fago

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La condena de 20 años y 9 meses de prisión impuesta a Santiago Mainar por el asesinato del alcalde de Fago en enero de 2007 cierra, a la espera del recurso ante el Supremo anunciado por la defensa, un proceso penal que se ha desarrollado con el rigor y celeridad que requiere la justicia para ser percibida como tal. Una justicia que, en este caso y como ocurre con otros de singular proyección pública, estaba sometida, además de a la exigencia que comporta toda vista oral de esclarecer los hechos, a un intenso escrutinio mediático. La sentencia refleja que la Audiencia de Huesca ha desechado la esforzada estrategia argumentativa de la representación legal de Mainar y el particular alegato final de éste, en el que trató de presentarse como la víctima que no se resigna a una supuesta tiranía;y que, en cambio, los magistrados se han atenido a las pruebas de cargo que pesaban sobre Mainar, dando plena credibilidad a su primera declaración inculpatoria y confirmando que el crimen fue premeditado por la «gran animadversión» que el procesado sentía hacia el alcalde. El Supremo deberá resolver definitivamente esta causa, una vez se formalice la impugnación. Pero la condena de Mainar, en lo que tiene de aplicación efectiva de la ley, ha de permitir a los habitantes de Fago recomponer su reciente historia a la luz de la verdad judicial, recobrar la tranquilidad perdida y liberarse del estigma del crimen.