La investigación por el desfalco se centra en la relación del cajero municipal y su socio marroquí

Su relación comenzó hace 15 años debido a la enfermedad cerebral que padecían sus hijos. Desde entonces Clemente Ruiz y Mohammed A. B. han sido prácticamente inseparables. Una amistad puesta en el ojo del huracán por parte de la investigación policial y judicial en torno a la desaparición de los 7,8 millones de euros de la Caja municipal del Ayuntamiento isleño.

Las sospechas se sustentan en la ingente documentación encontrada en la casa del ex cajero municipal y referente al comerciante ceutí. Libretas de ahorros, certificaciones médicas e incluso papeles que cercioran que Ruiz es avalista en varios préstamos de más de 65.000 euros de su vecino.

Y es que ambos viven prácticamente puerta con puerta. En la misma urbanización de la carretera de Camposoto en San Fernando, lugar en el que también vive una de las hermanas del comerciante.

Pero el patrimonio de la familia no acaba ahí. El padre también cuenta con un unifamiliar en la calle Asteroides y un chalé en el camino Montes Pirineos en Chiclana. En cuanto a los comercios, además de un local de venta de motos en la calle San Marcos, eran propietarios de una inmobiliaria cercana a sus viviendas. Curiosamente el mismo negocio que poseía Ruiz y en el que la Policía y la jueza instructora del caso se han centrado como supuesta tapadera para la salida del dinero de las arcas del Ayuntamiento.

Tal amistad hizo que incluso Mohammed contratara a la mujer de Clemente para que le ayudara en sus negocios. Aunque sus empresas se han venido abajo. Tanto la tienda de motos como la inmobiliaria permanecen cerradas. Las motos están empaquetadas en un local también de la calle San Marcos, justo enfrente del anterior y han abandonado el proyecto que ya le habían redactado para la reforma del local en una nueva tienda.

Los problemas financieros se hicieron patentes en el registro que la propia Policía realizó hace unas semanas al encontrar facturas sin pagar. A primeros de año fue cuando comenzó la quiebra de sus negocios.

Uno de los motivos por el que el funcionario entró en prisión fue la posibilidad de fuga a Marruecos. Además, en el auto se recogía el supuesto cambio de nombres árabes del imputado y su mujer. Un juego que tenía con esta familia, tal y como apuntaba el abogado Ignacio Quintana posteriormente.

Aunque días después de los registros se volvió a llamar a testificar a los imputados, nada se mencionó sobre los nuevos pasos que estaba dando la investigación. Se insistió nuevamente en la relación de amistad entre los vecinos, pero ni Mohammed ni ningún miembro de su familia tuvieron que personarse en los juzgados. Lo que sí les han retirado han sido los pasaportes para que no puedan salir del país hasta que se clarifique qué pasó con el dinero de la Caja.

Los nuevos acontecimientos han retrasado la apertura de un secreto de sumario cuyo levantamiento parecía inminente. Todavía quedan muchos cabos sueltos en este caso que deben atarse.