De la Vega: «El Gobierno supo en todo momento dónde estaba la tripulación»

"El Gobierno supo en todo momento dónde estaba la tripulación". Así de rotunda se ha mostrado hoy la vicepresidenta primera durante su comparecencia en el Congreso para explicar su gestión en la liberación del 'Alakrana'. María Teresa Fernández de la Vega ha defendido que "el Ejecutivo hizo en todo momento lo que tenía que hacer: trabajar, hacer cumplir la ley y devolver a los marineros a su casa sanos y salvos".

"Hemos cumplido la ley de principio a fin. Las 24 horas, de los 47 días que ha durado el secuestro y hasta que hemos logrado su liberación", ha manifestado la vicepresidenta. Además, ha asegurado que el Gobierno ha "tomado nota" de las críticas "constructivas y razonadas", pero que está "razonablemente satisfecho" de la gestión.

Sin embargo, no es de esta opinión la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha asegurado que ha habido "descoordinación, opacidad, mentira" y "contradicciones" en la gestión del Gobierno. Por eso, ha recomendado a la vicepresidenta que asuma su responsabilidad "por vergüenza propia" antes de que el Congreso vote su reprobación.

En su comparecencia, De la Vega no ha dado detalles de la operación de liberación del buque pero sí se ha referido a dos de los puntos más polémicos: la detención de dos de los piratas y el episodio en que los secuestradores anunciaron que habían bajado a tierra a tres tripulantes.

Sobre este punto, no ha querido entrar en detalles "por razones de seguridad" pero sí ha insistido en "que el Gobierno supo en todo momento donde estaba la tripulación" y que, ese día, sus actuaciones y expresiones pretendieron "garantizar la seguridad" de los marineros. Además, ha anunciado que fue ese día cuando el Ejecutivo fue consciente de que el secuestro podía "estar llegando a su fin" y de que se iniciaba "la cuenta atrás para la liberación" y que por eso el Zapatero llamó al líder del PP para pedirle discreción.

Detención de los piratas

La ministra de la Presidencia se ha parado una vez más a subrayar que la detención y traslado a España de dos piratas dos días después del secuestro no fue "una opción" sino "una obligación" legal. En concreto, ha recordado que la operación Atalanta obliga a detener a los sospechosos de piratería y ha añadido que "al tratarse de un barco español y contra ciudadanos españoles" la competencia para juzgarlo corresponde a los tribunales españoles.

En eso coinciden -ha asegurado- el Gobierno, el servicio jurídico del Estado, la fiscalía de la Audiencia Nacional, los dos jueces centrales de instrucción que han intervenido y todos los magistrados la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

El pago del rescate

Sáenz de Santamaría ha denunciado la "ambigüedad" del Gobierno en relación con el posible pago del rescate y resaltó que las leyes "prohíben pagar rescates por razones de sentido común", ya que "alienta" a que haya más secuestros en el futuro. "Los piratas ya saben si se ha pagado o no rescate, los que tenemos que saberlo son los demás", ha enfatizado.

Tras asegurar que los mensajes "equivocados" que ha mandado el Gobierno "incrementan el peligro" de los barcos españoles, ha reclamado al Ejecutivo que no haya "ninguna concesión" a los piratas apresados porque "España no puede permitirse más debilidades". Ha indicado que debe haber un juicio "sin dilaciones" pero "sin prisas injustificadas" al tiempo que ha defendido la necesidad de que se convierta en una "prioridad para el Estado la captura de los responsables".