Mantienen parte del secreto de sumario del 'caso Arcos' por el riesgo de pérdida de pruebas

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, ha decretado el levantamiento parcial del secreto de sumario del «caso Arcos» contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alcaucín.

Fuentes próximas al caso han informado de que la jueza ha decidido levantar el secreto de los primeros nueve tomos de las actuaciones, así como de otros trece tomos de la pieza separada de atestados policiales.

Según el auto, al que ha tenido acceso EFE, el procedimiento debe continuar secreto -por el plazo de un mes- debido a que la Guardia Civil continúa el análisis de la documentación intervenida y la práctica de diligencias.

Argumenta que existe riesgo de destrucción y manipulación de pruebas por parte de algunos de los imputados, por lo que entiende que debe mantenerse el secreto «el tiempo imprescindible» para asegurar dichas pruebas.

La instructora del caso Arcos acordó el secreto de las actuaciones el pasado 19 de septiembre de 2008, decisión que ha prorrogado en doce ocasiones.

En el escrito, el Juzgado señala que «carece de medios suficientes para hacer y entregar copias a todas las partes personadas», situación que en otros procedimientos de «semejante volumen» se ha solucionado con el escaneo de los folios para entregar las copias en formato digital.

Por ello, la jueza libra un oficio a la Delegación de la Consejería de Justicia en Málaga para que «provea de los medios necesarios» para escanear 7.657 folios y dar las copias a las 37 partes personadas en el procedimiento.

La trama del «caso Arcos», con una veintena de imputados, llevó a prisión al hasta entonces alcalde del PSOE en Alcaucín , José Manuel Martín Alba, y al que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora.

Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo, que abandonó tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza. La operación destapó una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.