Arranca el juicio por la presunta gran estafa de la 'operación Hamelín'

La Sección Octava de la Audiencia Provincial acogerá el próximo lunes uno de los juicios más esperados en Jerez, debido a una presunta estafa de más de once millones de euros en la que se vieron afectadas alrededor de 70 personas, procedentes también de otras poblaciones como Sevilla y Barcelona. La conocida como operaciónHamelín sentará en el banquillo a seis imputados, aunque sólo a dos de ellos se les considera los verdaderos artífices de la trama: Domingo Gallegos y Miguel Bohórquez.

Para estas dos personas, la Fiscalía solicitará penas de nueve y siete años de prisión respectivamente, además de los seis que pedirá para el resto de los acusados. Las defensas de los considerados cabecillas intentarán conseguir la libre absolución de los mismos, negando la mayor e intentando desviar la responsabilidad hacia el otro.

Esto ocurrirá especialmente en el caso de Bohórquez, cuyo letrado, Manuel Hortas, basará su alegato en que «Domingo era en todo momento quien fijaba la forma de actuar» y en que su defendido asumió ciertas tareas por «la confianza depositada» en aquél y su «apariencia de solvencia y fiabilidad». En lo que respecta a Gallegos, los argumentos de su defensa apenas han trascendido, mientras él es el único imputado que permanece en la cárcel a la espera de que se celebre el juicio.

Ardua investigación

El escándalo saltó en mayo de 2007, cuando la Policía Nacional detuvo a los acusados tras una intensa investigación que partió de una denuncia interpuesta en la Comisaría de Cádiz. Las pesquisas policiales pudieron determinar que los dos organizadores de la operación se dedicaban presuntamente a la venta fraudulenta de vehículos de alta gama y viviendas, con la que pudieron obtener una importante cantidad de dinero de manera ilícita.

La denuncia antes mencionada hacía referencia a la adquisición por un particular de un turismo que nunca le fue entregado, ignorando que también fue vendido a otras personas que se encontraban en sus mismas circunstancias. Al tirar de la manta, los agentes destaparon todo un entramado presuntamente ilegal, formado por una serie de empresas cuya base de operaciones estaba ubicada en una nave industrial de Jerez, desde la que empezaron a captar clientela.

En total, los acusan de vender más de 90 vehículos de los que solamente entregaron una treintena, aunque los principales beneficios los obtuvieron mediante el comercio de más de medio centenar de inmuebles repartidos por toda la provincia gaditana, que nunca llegaron a dar a sus propietarios ya que ni tan siquiera existían.