'Clavelitos' de pago

De ciento en viento, algún avispado inspector de la SGAE aparece por sorpresa en un certamen de tunas. No lo hace por afición. Alguien le ha dado el soplo de que en el transcurso de la ceremonia puede interpretarse una canción protegida por derechos de autor. Y, claro, el agente de la Sociedad General de Autores y Editores intenta cumplir con su obligación de cobrar la correspondiente factura. Esta práctica ha acabado con la paciencia de un sector volcado en los temas populares -véase el famoso Clavelitos- cuyas actuaciones son puramente recreativas o carecen de ánimo de lucro. «Actúan como si fueran la mafia siciliana», denuncia el presidente del Consejo Nacional de Tunas, Joseba Molina.

Al año se celebran en España entre 20 y 30 recitales de estudiantinas. La mayoría transcurre con normalidad, pero los organizadores siempre corren el riesgo de que en la cita acabe personándose el inspector de turno. Le ocurrió en 1995 a la Tuna Universitaria de Deusto, cuando uno de estos inspectores les requirió 30.000 pesetas. No pagaron y tampoco llegó a los tunos ninguna orden exigiendo el supuesto cobro.

Molina cree que la asociación utiliza la máxima de si cuela, cuela cuando pasa la gorra en los conciertos. «Ofrecen una imagen de poca seriedad», critica el tuno.

«No nos forramos»

En la SGAE rechazan la imagen «sesgada» que los tunos trasladan de la institución. Dicen que siempre actúan en cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual. «Si nosotros tenemos notificación de que se va a utilizar su repertorio, tenemos que actuar. Otra cosa es que se nos pase», defienden fuentes de la sociedad comandada por Teddy Bautista. La única forma de que deje de cobrar el dinero es que el compositor renuncie expresamente «a cualquier tipo de gratificación». Hace medio año, la SGAE se vio envuelta en una agria polémica por haber sacado tajada de un concierto benéfico de David Bisbal. Su objetivo era recaudar fondos en un intento por salvar a un niño con síndrome de Alexander. El artista almeriense actuó gratis, pero la sociedad se llevó el 10% de lo recaudado -5.000 euros- porque el ex triunfito no comunicó que también renunciaba a cobrar por los derechos de autor. En cuanto lo hizo, todo quedó en agua de borrajas. «Teníamos que cumplir con nuestro cometido independientemente de si el concierto tiene o no ánimo de lucro», explicó la entidad a toro pasado.

Litigios desagradables como ese hacen que los trabajadores de la entidad se sientan reflejados como «los malos de la película», aunque ellos se consideran meros intermediarios entre el artista y los organizaciones de eventos. «No nos forramos», claman. Eso no es óbice para que Joseba Molina vea el sistema «injusto y desproporcionado». Más si cabe cuando organizar un evento de tunas resulta deficitario por mucho que cobren al entrar. Las posturas parecen irreconciliables.