Suspendido el juicio del 'Acobiomol' por la ausencia de uno de los imputados

Las familias afectadas esperaban con impaciencia que llegara el día de ayer para acabar con la pesadilla que les viene persiguiendo desde hace cinco años. Un 17 de noviembre que suponía el pistoletazo de salida para un juicio que se prolongaría al menos durante tres días y que les serviría para ver sentadas en el banquillo a una serie de personas que supuestamente jugaron con la salud de sus seres más queridos.

Un deseo que, sin embargo, ha tenido que ser aplazado ante la incomparecencia de uno de los principales imputados, Juan Manuel Acosta, considerado el cabecilla del caso Acobiomol junto a Luis Andrade, que sí acudió a la Sección Octava de la Audiencia provincial, donde debía haberse celebrado la vista. Tras algo más de una hora de espera y a pesar de la asistencia de los otros cuatro acusados, la jueza titular se vio obligada a cancelar el juicio aplazándolo hasta el mes de marzo.

Se da la circunstancia de que ni siquiera el letrado de Acosta, Francisco José Sánchez Berzosa, conocía el paradero de su representado, que no se puso al teléfono en toda la mañana. «Yo no tengo información de dónde se encuentra -aseguró el abogado-. Sólo sé que tuvo dos letrados anteriores que abandonaron el caso por discrepancias y a mí me nombraron de oficio, pero ni siquiera lo conozco personalmente ni tengo relación con él porque está en Canarias».

Tras la pista

El misterio en torno a la ubicación de esta persona es tal que la Fiscalía solicitó ayer una orden de busca y captura sobre ella, seguida de un inmediato ingreso en prisión en régimen provisional a la espera de que se celebre el juicio. Lo que sí confirmó Sánchez Berzosa es que su defendido ha estado compareciendo hasta el momento en los juzgados canarios de forma periódica, tal y como así se lo exige la ley.

En lo que respecta a la otra parte, el abogado de seis de los siete querellantes, Enrique Montiel, expresó la resignación de las familias ante el retraso que ha sufrido la vista.

«Después de casi seis años, esperar unos meses ya prácticamente nos da igual, lo que queremos es que todo el peso de la ley caiga sobre ellos».

La acusación particular y el Ministerio Fiscal solicitarán una condena de diez años, el máximo contemplado en el Código Penal para la confluencia de los delitos de estafa continuada, intrusismo profesional y contra la salud pública que se les imputan, por vender a cambio de cantidades elevadas un medicamento «milagroso» que supuestamente curaba el cáncer, el Sida y otras enfermedades terminales y degenerativas.