Los avatares del secuestro convulsionan durante 47 días el Gobierno y la Audiencia

El secuestro del Alakrana ha puesto a prueba al Gobierno y a la justicia. Cada avatar en el atunero ha supuesto, como si de un espejo se tratara, una convulsión en España. Los piratas, sin saberlo, han alimentado discrepancias gubernamentales larvadas y han obligado a jueces y fiscales a aplicarse en soluciones jurídicas imaginativas.

La polémica surgió el 2 de octubre, el día que los piratas abordaban el buque. El Gobierno, que había rechazado una propuesta del PNV para embarcar militares en los pesqueros, recibió una avalancha de críticas. Defensa contraatacó con el argumento de que el Alakrana faenaba fuera de la zona Atalanta. Zapatero, consciente de la que se veía encima, encomendó a Fernández de la Vega la batuta de la célula de crisis.

El embrollo judicial estalló el 4 de octubre con la captura de Abdu Willy y Raagegeesey. La Abogacía del Estado denunció el secuestro ante la Audiencia Nacional y Garzón abrió de inmediato un proceso. El 6 de octubre, el instructor, sin que nadie contestara su decisión, ordenó a Defensa el traslado.

Durante los primeros días, reinó una razonable discreción. Desde Moncloa la consigna era silencio. Todo cambió el 12 de octubre, cuando los dos bandidos llegaron a Madrid entre un gran revuelo mediático, estimulado por Defensa, que no dudó en distribuir las fotos de los prisioneros.

El 13 de octubre, los asaltantes por primera vez incluyeron como condición la liberación inmediata de sus compinches y lanzaron las primeras amenazas de muerte. Las coacciones surtieron efecto. Las familias entraron en escena y criticaron el traslado de los detenidos. Un día después, el 14 de octubre, Garzón encarceló a los dos y ordenó pruebas de edad de Abdu Willy. El culebrón de análisis médicos duró hasta el 2 de noviembre. La Sala de lo Penal de la Audiencia zanjó el espectáculo y ordenó al juez Pedraz que se ocupara del sumario. Sin saberlo, la sala complicaba una salida jurídica a la crisis al confirmar su competencia.

El embrollo de la edad de Abdu Willy mantuvo unos días las negociaciones en la sombra. La presión volvió a aumentar el 24 de octubre, ese día dos manifestaciones pidieron la liberación. El 28 de octubre, la polémica llegó al Congreso, con explicaciones de Zapatero incluidas. Presionado, el Gobierno autorizó el 30 de octubre que vigilantes armados embarcaran. Durante una semana, el Alakranadesapareció. Moncloa había logrado restaurar la discreción, mas todo voló por los aires el 6 de noviembre. Los piratas anunciaron que habían llevado a tres rehenes a tierra y que iban a comenzar las ejecuciones. Empezaban los peores días. El 7 de noviembre, Zapatero dió un golpe de timón, harto de que cualquier ministro hiciera declaraciones, a veces contradictorias. Un día el portavoz era la titular de Defensa, otro el de Justicia, el siguiente el de Exteriores, con Fernández de la Vega de viaje oficial por Argentina. Las divergencias entre Carme Chacón y la vicepresidenta eran notorias, aunque siempre negadas por ambas.

Moratinos, impuesto

El presidente impuso a Moratinos. Los secuestradores rebajaron sus exigencias: ya no reclamaban que sus compinches fueran liberados sino juzgados en Somalia. Bajo esa última premisa, comenzaba la recta final con el diálogo directo entre el embajador español en Kenia y el presidente somalí.

El 9 de noviembre, el Gobierno sondeó a la Audiencia: era posible que cumplieran condena en Somalia, aunque el ruido de fondo era insoportable para cualquier negociación. Ejecutivo y Audiencia convencieron a las familias de que el silencio era la mejor arma. El PP se avino a posponer las críticas.

La tensión, sin embargo, no decaía. Gobierno, Fiscalía y Audiencia Nacional encontraron una salida jurídica, un inédito juicio exprés. El 12 de noviembre, la Audiencia Nacional, harta de ser responsabilizada del traslado a España de los piratas, declinó toda responsabilidad y culpó al Gobierno, que se defendió.

El 14 de noviembre, la Fiscalía pidió a Pedraz que concluyera el sumario. El 16 de noviembre, el instructor dio por concluida la investigación sin interrogar a los militares ni a las víctimas. Ayer, casi a la vez que se anunciaba la liberación, Pedraz elevó el sumario a la Sala para abrir el juicio.