Un centenar de abogados se echa a la calle para exigir una solución a los juzgados

Pretenden hacer reaccionar a las administraciones ante la precaria situación que padecen los juzgados de San Fernando. Por ello, ayer un centenar de abogados -a los que se sumaron funcionarios, fiscales y jueces-, salieron a protestar a las puertas del Palacio de Justicia isleño. Era una imagen inusual, que marca un hito histórico en la provincia, y no dudaron en resaltarlo, puesto que es la primera movilización pública que realizan a pie de calle en los 220 años que lleva funcionando el Colegio de Abogados gaditano.

El decano de los colegiados, José Manuel Jareño, señaló que la decisión de hacer una protesta conjunta se había tomado de forma democrática hace 18 meses, en los que han estado esperando y soportando la situación hasta que «San Fernando ha llegado al límite desde el punto de vista de la carga de trabajo que soportan los empleados de justicia, de la inexistencia de una absolutamente necesaria Oficina Común de Notificaciones y Embargos, de un cuarto Juzgado, y hasta el punto de que no se respetan las medidas de seguridad e higiene».

Pero no quedó aquí la cosa ya que Jareño aseguró que también se ha llegado «al límite» en el número de asuntos que recae sobre cada juzgado, ya sean civiles o penales, elevando la cifra de procesos tramitados muy por encima de los módulos que están recomendados por el Consejo General del Poder Judicial.

El estado de insalubridad del edificio llega a tal punto que aseguran estar conviviendo con cucarachas y ratas, en unas condiciones que consideran «son más propias de un país tercermundista que de uno miembro de la Unión Europea».

Desde el Colegio de Abogados aseguraron que no están peleando por intereses corporativos sino por los intereses de la Justicia y los ciudadanos. De esta forma instaron a la Consejería de la Junta de Andalucía, al Tribunal Superior, al Consejo General del Poder Judicial y al propio Ministerio del área, a poner una lupa sobre la situación en San Fernando «porque es especialmente caótica e insoportable».

Una plaza no deseada

Tal es la situación que padecen que llegaron a afirmar que obtener una plaza en la ciudad supone para los jueces y funcionarios estar el tiempo indispensable «para dar el salto y marcharse en el momento que salga un concurso declarado».

No habrá plazos para las administraciones pero si exigieron un rápido acuerdo. Tampoco descartaron la posibilidad de que se produzcan más protestas.