Violencia sexista

L a petición al Gobierno para que ponga fin a la anomalía legal por la cual el consumo de alcohol y/o drogas es considerado un atenuante en los casos de violencia contra las mujeres, y no un agravante como ocurre en otros tipos delictivos como las infracciones de tráfico, ha emergido como la recomendación más destacable de la subcomisión del Congreso que ha revisado durante nueve meses la efectividad de la Ley integral contra las agresiones de género. Pero al margen de la indudable relevancia de esa medida, resultaría incompleto concentrar únicamente en ella las conclusiones del informe parlamentario. Su lectura no sólo permite constatar las dificultades que persisten para hacer prevalecer el contenido de la legislación aprobada hace cuatro años sobre un fenómeno «estructural» que exige resultados a corto plazo; y sobre «las firmes resistencias» detectadas aún en «sectores jurídicos, políticos y sociales». También ayuda a identificar las dudas, interrogantes o carencias que suscita la aplicación cotidiana de una normativa que, como se subraya en el documento, ha contribuido decisivamente a la transformación de lo que venía interpretándose como un problema privado en un delito visible y perseguible de oficio. Algunos de esos lastres quedan radiografiados cuando se aconseja la promoción de iniciativas tan diversas como que se garantice realmente el acompañamiento de la víctima a lo largo de todo el proceso; el refuerzo de la asistencia letrada, de la formación específica de los jueces y de las valoraciones forenses; la protección activa también de los hijos de las mujeres maltratadas, lo que implicaría que el condenado por violencia machista pierda la custodia de los menores; el cumplimiento más riguroso de las órdenes de alejamiento; una mejor atención a colectivos especialmente vulnerables como las inmigrantes, las ciudadanas que padecen alguna discapacidad y las aisladas en el medio rural; o, también, un mejor desarrollo de las previsiones legales sobre la participación de los maltratadores en programas de rehabilitación.