El 'Alakrana'se envenena

El secuestro del atunero Alakrana por piratas somalíes va camino de convertirse en una pesadilla, otra más, para el cada vez más impotente, y menos creíble, gobierno de ZP.

La patronal del sector, apoyado por el oportunista y contradictorio PNV, ha instado al gobierno a embarcar en los atuneros personal de Infantería de Marina, que los protejan y, en su caso, repelan militarmente los posibles ataques de los piratas. Dicha medida sería altamente disuasoria, y ya es empleada por países democráticos como Francia.

El gobierno se ha negado a autorizar el embarque de la Infantería de Marina, aduciendo impedimentos legales y económicos, y en última instancia, ha deslizado motivos operativos, desplazando así, su responsabilidad al Estado Mayor de la Defensa. Si bien, ha habido voces no coincidentes, como la del ministro Moratinos, quien se ha declarado partidario de «evaluar» la medida que el gobierno al que pertenece descarta.

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el Real Decreto 1628/2009, por el que modifica determinados preceptos tanto del Reglamento de Seguridad Privada, como del de Armas, para autorizar el embarque de vigilantes de seguridad privada en buques mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes, con armamento de guerra, previniendo y repeliendo ataques, con las características, en las condiciones y con los requisitos que se determinen, por los Ministerios de Defensa y de Interior.

Si a eso le añadimos que en el preámbulo del mencionado Real Decreto, se afirma que los ataques piráticos «se han producido, en aguas internacionales cercanas a las costas de Somalia, mediante la utilización de armas de guerra, lo que exige, en respuesta a la entidad y carácter de la amenaza, la utilización de los medios de defensa y de prevención adecuados y proporcionados a esos modos de agresión», no nos queda mas remedio que concluir que lo que ha autorizado el Gobierno es, la guerra privada. No se me ocurre denominar de otra manera a las acciones que deben llevar a cabo el personal civil de empresas privadas, portando armas de guerra, para responder adecuadamente (militarmente) a agresiones armadas.

Por añadidura, los problemas jurídicos no quedan resueltos así, sino que al parecer se incrementan. Kenneth C. Randall, decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Alabama y experto en leyes internacionales contra la piratería, afirma que existen asuntos complejos para las compañías que proveen guardias privados armados.

Mientras tanto, la situación de la tripulación es cada vez mas angustiosa, y el indigno mercadeo, que al parecer ya se utilizó en el precedente del buque Playa de Baquio, parece que se va a reproducir, solo que incrementado en el precio y en la indignidad, por la complicación habida con los dos piratas detenidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional.

El presidente Zapatero, que desde la guerra de Irak se ha erigido en el paladín del derecho internacional, en el caso de los piratas somalíes se olvida, no solo de las leyes internacionales, sino también de lo dispuesto en la Ley de la Defensa Nacional, que establece que, la política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad española, incluidos como no, los tripulantes de los buques de bandera española. Ignorando el derecho internacional, renuncia al uso legítimo de la fuerza militar, y negociando con piratas convierte un secuestro en el precedente del siguiente.

Cuando leo las noticias sobre el regateo (negociaciones) del gobierno de ZP con los piratas somalíes, se me viene a la memoria lo que le dijo Churchill a Chamberlain cuando regresaba de Munich exhibiendo las «garantías» de paz de Hitler: «Por evitar la guerra habéis caído en la indignidad; ahora tenéis la indignidad y, además, tendréis la guerra».