El Gobierno pregunta a Rajoy por qué compró SITEL si lo consideraba ilegal

María Teresa Fernández de la Vega preguntó ayer a Mariano Rajoy por qué se gastó 10 millones de euros del «erario público» cuando dirigía el Ministerio del Interior en el sistema de escuchas SITEL si consideraba que era ilegal. La vicepresidenta primera hizo ayer una cerrada defensa de esta aplicación informática y acusó al PP de haberse embarcado en una campaña «irresponsable» para sembrar «sombras de dudas» y «sospechas» sobre «todo el sistema judicial» a cuentas de sus ataques contra los 'pinchazos'.

La número dos del Ejecutivo explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que SITEL cumple con «todas las garantías» jurídicas y se enmarca en la «más estricta legalidad». Tras recordar que el Supremo ha avalado la validez legal de este sistema de escuchas hasta en tres ocasiones diferentes, señaló que esta herramienta es «similar» a la que usan las policías de otros países europeos y destacó que el sistema desde su implantación ha tenido una «importancia decisiva» en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada.

María Teresa Fernández de la Vega señaló que el «debate» generado por la denuncia de los populares «no le hace ningún favor al Estado de Derecho, a las fuerzas de seguridad, a los jueces y a los fiscales». «Resulta paradójico», prosiguió, «que quienes no han dudado en hacer seguimientos a sus propios compañeros (en referencia a la trama de espías del PP de Madrid) pongan en duda la actuación de los que día a día trabajan en perseguir los delitos más graves».

Sin «pruebas»

La vicepresidencia subrayó que el partido opositor ha guardado silencio cuando se le han pedido «pruebas» sobre los supuestos 'pinchazos' ilegales. «En un Estado de Derecho, quien juzga la ilegalidad de los actos de la policía y los jueces son los tribunales. No vale sólo con sacar informes» sobre supuestas irregularidades, apuntó.

Para la vicepresidenta, la oposición únicamente busca «desviar la atención» de sus propios problemas y, en particular, sobre las acusaciones del 'caso Gürtel'.

En esa línea, afeó al PP que trate de erigirse en «abogado defensor» de los imputados en la trama corrupta, tratando de que las escuchas de este sumario sean declaradas nulas.

Los populares, por su parte, ajenos a las críticas, insistieron ayer en los ataques a la utilización de SITEL. La vicesecretaria de Organización, Ana Mato, llegó a afirmar que «cualquier ciudadano hoy está siendo espiado», aunque el Gobierno lo niegue.

«Creíamos que el acceso a las comunicaciones era privado, pero hemos descubierto que hay un sistema que, además, da información complementaria sobre la ubicación, los traslados y el acceso a productos a Internet», apuntó la dirigente, quien insistió en que este asunto es «suficientemente escandaloso» como para que el Gobierno dé explicaciones.