Política en juicio

La encuesta del CIS de octubre destaca la visión crítica de los españoles respecto a la situación política que atraviesa el país, dado que el 30,5% de los encuestados la considera regular, el 34,8% mala y el 22,6% muy mala, reduciéndose a un 6,2 el porcentaje de quienes la valoran como buena o muy buena. Resulta significativo que los propios protagonistas de la política cobren importancia entre los problemas que perciben los ciudadanos. La opinión pública respecto a la política se encuentra mediatizada en España por un prejuicio que viene de lejos, y que considera a los actores de la vida pública igualmente sospechosos de representar intereses ajenos al bien común. El recurso al «todos los políticos son iguales» constituye la versión más benévola con la que la ciudadanía acostumbra a expresar su opinión sobre aquellos acontecimientos que censura. Se trata de una actitud no exenta de la hipocresía que conlleva juzgar con severidad conductas que tienden a justificarse o disculpar en un plano más próximo a la vivencia de cada español. Pero es indudable que muchos de los acontecimientos que vienen ocupando la primera plana informativa durante las últimas semanas contribuyen a abonar la peor de las imágenes que los ciudadanos pueden tener de su representación política.

La extensión de los casos de corrupción, afectando a gran parte del arco que constituyen las formaciones parlamentarias, da carta de naturaleza a la mirada de sospecha con la que los ciudadanos contemplan la política. La tensión interna entre dirigentes del PP, y el hecho de que sus consecuencias afecten tanto al funcionamiento ordinario de las instituciones como a la solidez de una entidad de la relevancia económica de Caja Madrid, alimenta el escepticismo con el que la sociedad observa los movimientos partidarios. Lo mismo ocurre cuando las dificultades en las que pueda encontrarse el adversario se convierten en argumento oportunista para eludir las propias responsabilidades, como es el caso de los socialistas y del Gobierno, acomodados en la réplica de que el PP resuelva sus propias cuitas antes de ejercer su control sobre el Ejecutivo. La elección de los sustitutos de Costa en el PP valenciano y la distensión generada ayer en la organización madrileña de dicha formación a cuenta de la elección del presidente de Caja Madrid permiten pensar que el PP puede recuperar ese mínimo de paz interna que la política española demanda del primer partido de la oposición.