Editorial

Dilema afgano

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L a decisión del candidato a las presidenciales afganas, Abdulá Abdulá, de no concurrir a la segunda vuelta de los comicios, a la que obligó el notable respaldo obtenido por él en la primera ronda frente a Hamid Karzai, representa una denuncia sin paliativos de las condiciones en las que se desarrollan las elecciones en Afganistán. En el caso de que el órgano responsable de supervisar los comicios acuerde mañana seguir adelante con la convocatoria del próximo 7 de noviembre, será inevitable que la concurrencia en solitario de Karzai ponga en entredicho la limpieza de su segunda elección. Los términos en los que ayer se pronunció la misión de la ONU en dicho país, pidiendo que el proceso electoral se lleve a cabo de manera «legal y oportuna» reflejan, en su calculada ambigüedad, el endiablado dilema al que se enfrentan los esfuerzos para la democratización de Afganistán. La retirada de Abdulá en ningún caso restaría legalidad a la celebración de la segunda parte de las presidenciales. Pero en tales condiciones la reelección de Karzai no sólo desacreditaría de entrada su acción de gobierno, tanto dentro como fuera de Afganistán, sino que, de asumir tal papel, podría contribuir a que esa acción no se atuviese a los requisitos mínimos de cualquier democracia. La suspensión de la convocatoria electoral del próximo sábado supondría una seria crisis para el funcionamiento de las instituciones en un orden que pretende ser constitucional. Pero continuar con las presidenciales podría erosionar de tal forma la credibilidad de esas mismas instituciones y su solidez a la hora de hacerse con el control de la situación en Afganistán, que el cumplimiento formal de las previsiones electorales acabaría generando un mal mayor que su suspensión y reconducción hacia una convocatoria con garantías.