El Gobierno endurecerá el Código Penal para luchar contra la corrupción

El Gobierno calcula que el Consejo de Ministros aprobará en noviembre un proyecto de reforma del Código Penal en el que se incluye un endurecimiento de las penas y de los tipos delictivos vinculados a la corrupción pública y privada. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló ayer que el proyecto de ley, que se remitirá al Parlamento para su discusión y aprobación, agravará y completará los delitos de cohecho, de tráfico de influencias y los relacionados con tramas y organizaciones delictivas para mejorar la persecución de «esta lacra intolerable».

Fernández de la Vega enumeró una serie de medidas que el Gobierno ha tomado en el último lustro para mejorar la eficacia de la lucha contra la corrupción y señaló que seguirán otras porque la política gubernamental respecto a este fenómeno es la «tolerancia cero» con un comportamiento «inasumible en una democracia».

La vicepresidenta indicó que la lucha contra la corrupción se ha intensificado en España en los últimos años porque el Ejecutivo ha reforzado la Fiscalía creada a ese efecto y las unidades policiales especializadas, también ha aumentado, según dijo, los recursos de la Justicia y recordó que se ha disuelto un ayuntamiento, el de Marbella. Otra de las medidas adoptadas, prosiguió, ha sido la reforma de la ley del Suelo y se ha comenzado a modificar el modelo económico del país para alejarlo «del ladrillo».

Entre las medidas futuras que el Gobierno pretende adoptar y que entiende que paliarán esta lacra está la nueva ley de Financiación Local, que hará a los ayuntamientos menos dependientes de los ingresos por Urbanismo, y la reforma de la Ley de Régimen Local, que puede incluir nuevos «mecanismos de control y de transparencia» sobre el trabajo de los consistorios municipales.

Estos anuncios se producen en la misma semana que el PSOE y Esquerra Republicana lograron que el Congreso de los Diputados instase al Gobierno a tomar una serie de medidas para hacer más difíciles los casos de corrupción vinculados a la financiación irregular de los partidos.