Ingresa en prisión el jefe político de ETA tras ser interrogado en París

Los presuntos miembros de ETA Aitor Elizarán Aguilar y Ohiana Sanvicente Sáez de Zerain fueron enviados la noche de ayer a prisión por orden de un juez, tras ser interrogados en el Tribunal de París.

Ambos comparecieron ante la juez Laurence Le Vert, quienes les interrogó y posteriormente ordenó su ingreso en prisión. Confirmó así los cargos contra el presunto jefe político de ETA y su ayudante, entre ellos el de «asociación de malhechores con vistas a la preparación de actos terroristas», un cargo por el que la pena en Francia puede alcanzar los diez años.

Además, les imputó los cargos de «posesión de documentación administrativa falsa», «posesión y uso de armas y municiones de las categorías I ó IV» y «receptación de robo de armas procedentes del robo cometido en Vauvert (sureste de Francia) en banda organizada, con secuestro y con armas». También los de «receptación de robo de vehículo cometido en banda organizada», «uso de matrícula falsa» y «receptación de matrículas». Todos estos cargos, están «en relación a título principal o relacionado con una empresa terrorista».

El considerado responsable del aparato político de la banda, Elizarán, y su compañera, fueron detenidos en Carnac el pasado lunes, cuando circulaban en un vehículo robado. En el coche había una pistola y un revólver -procedente del robo de 300 armas cometido por ETA en 2007 en Vauvert-, munición y 1.500 euros en metálico. También placas de matrícula y documentación falsas, así como un ordenador, una llave USB y material de acampada. En el registro de un apartamento alquilado, al parecer con otro presunto miembro de ETA, se halló más material relacionado con la organización terrorista.

Ataque a sindicatos

También la noche de ayer, un grupo de desconocidos arrojó varios cócteles molotov contra el edificio en el que se encuentran ubicados los sindicatos CC.OO. y UGT en la localidad alavesa de Llodio.

El ataque se produjo minutos después de las doce de la madrugada. Como consecuencia, parte de la fachada del edificio quedó ennegrecida. En un comunicado oficial, CC.OO. de Euskadi condenó el ataque y denunció que el sabotaje «alude directamente a la libertad sindical, básica para construir cualquier sociedad justa e igualitaria».

Más de tres semanas. 24 días, exactamente, es lo que llevan los 36 tripulantes del atunero Alakrana en manos de los piratas somalíes, que les sorprendieron el pasado 2 de octubre con las redes echadas, sin opción a escapar. El secuestro, cuatro veces más largo que el del Playa de Bakio, ha reabierto el debate sobre la seguridad de los pesqueros en el conflictivo Cuerno de África. «Ahora somos un buen pastel para los piratas», dicen los patrones. Los piratas que retienen a los 36 tripulantes del Alakrana han dejado claro que su objetivo es el dinero. A cambio de liberar a la tripulación exigen 2,7 millones de euros.

El arresto de dos piratas complicó el panorama. Pese a ello, el Gobierno central ha reiterado que los captores no han puesto como condición en las negociaciones el regreso de sus compañeros. Uno de los detenidos ha desatado un lío judicial entre la Audiencia Nacional y la Fiscalía de Menores. Se deconoce si es o no mayor de edad, y por tanto penalmente responsable.

Los armadores se resisten a hablar de otra opción que no sea la incorporación de infantes de marina en los atuneros. Las asociaciones Anabac y Opagac, que agrupan a la totalidad de la flota atunera española en el Índico, reclaman al Gobierno central que apruebe «de una vez por todas» el embarque de militares, lo mismo que hizo Francia. «Sólo ellos nos pueden garantizar la seguridad», indicaron.

Patata caliente

El secuestro del atunero Alakrana ha copado buena parte de los enfrentamientos políticos de las últimas semanas tanto en el País Vasco como a nivel nacional.

Un acuerdo de última hora entre representantes de PP y PNV permitió que saliese adelante una iniciativa por la que el Parlamento vasco reclama al Gobierno central la presencia de infantes de Marina en los pesqueros que faenan en aguas del Índico. En Madrid, Nariano Rajoy exigió al Ministerio de Defensa que «haga más» por los pescadores que «poner anuncios en la tele».

La concentración celebrada el pasado viernes en la localidad vizcaína de Bermeo tampoco estuvo exenta de polémica. La consejera de Pesca del Gobierno vasco, Pilar Unzalu, acusó a los convocantes de «utilizar políticamente el dolor y la angustia» de las familias de los marineros. El aluvión de críticas le obligó a rectificar en menos de 24 horas.