Justicia da parte de razón a Aifos pero no anula la subasta del bloque

Ni los pisos son aún de Benito González ni tampoco los ha perdido. El Juzgado de Instrucción Número 3 de San Fernando se ha pronunciado al fin en cuanto al proceso de adjudicación del bloque uno de la promoción Cala del Sol, perteneciente a Aifos, y el recurso presentado por la promotora para la anulación de la subasta debido al inicio del concurso de acreedores. La jueza instructora del caso ha decidido paralizar el proceso de adjudicación y eliminar todos los procesos posteriores al anuncio del concurso, el 23 de junio, pero no los anteriores, es decir no se ha anulado ni la subasta ni la petición de González para hacerse con todo el edificio.

Lo que significa que los administradores concursales tendrán que ponerse de acuerdo con este afectado, el primero en poner el retraso en la entrega de las viviendas en manos de la Justicia, para determinar el futuro de los más de 200 pisos. De lo contrario, una vez finalizado el concurso el propietario podrá seguir con la tramitación para la adjudicación del bloque y proclamarse finalmente dueño del mismo. Una serie de complicaciones cuyas partes intentarán solventar en las próximas semanas. De hecho, los administradores concursales ya se han puesto en contacto con los afectados para sondear la intención de compra. Y es que, podrían determinar que con los efectivos con los que cuenta actualmente la empresa se finalice la obra o incluso llegar a un acuerdo con los afectados para que asuman el gasto del remate. Unas soluciones en las que también se debe contar con González que ya cuenta con varios acuerdos con diferentes entidades interesadas en la actuación y en respetar las cantidades dadas por los propietarios.

Tampoco hay que olvidar que sobre el bloque pesan varios embargos y que un acuerdo con González los eliminaría, así que aunque el afectado no cuente con los pisos si tiene una de las llaves para desbloquear la situación actual de los mismos.

El tiempo pasa y las soluciones se atisban pero no llegan para unos propietarios que suman dos años de retraso en la entrega de sus viviendas.