Costa, destituido

L a destitución final de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano y como portavoz de su grupo en la Cámara autonómica estuvo precedida de una confusión tal que dejó en evidencia tanto la autoridad del presidente Camps como el liderazgo que ejerce Mariano Rajoy frente a un problema de corrupción tan enrevesado como el caso Gürtel. Todo indica que deshacerse de Costa acabó siendo ayer una orden emitida desde Génova que Francisco Camps se vio obligado a acatar. Pero la fijación mostrada por la cúpula popular respecto a su ya destituido secretario general en la Comunidad Valenciana suscita serias dudas sobre los criterios que han guiado su decisión, y refleja la contradictoria actitud con la que el PP está afrontando las distintas vertientes de la propia 'trama Gürtel'; o la respuesta a situaciones tan comprometidas como la de Jaume Matas, imputado en Baleares. Es significativo que la única explicación de la destitución de Costa se refiera, en boca de Dolores de Cospedal, a las indeseables relaciones que al parecer mantenía el depuesto secretario general valenciano con los corruptores del caso. Y ello a pesar de que no haya sido imputado, y ni siquiera haya sido denunciado por verse beneficiado por tales amistades. La destitución de Costa no sólo ha contribuido a agudizar la crisis que viven los populares en la Comunidad Valenciana y a cuestionar la figura del presidente Camps. Además ha puesto en entredicho la capacidad de Rajoy para actuar con la coherencia que se precisa a la hora de juzgar ética y políticamente las conductas implicadas en una trama de corrupción en la que el ilícito del cohecho se mezcla tan a menudo con la anomalía en los contratos públicos o con la inconveniencia de determinadas relaciones. Los pronunciamientos crípticos con los que los dirigentes populares han tratado de sortear su comprometida situación, anunciando decisiones y medidas sin concretar su naturaleza y alcance, y los argumentos empleados para defender la honorabilidad del partido y de sus responsables, apelando a la presunción de inocencia y, especialmente, deslindando las finanzas del PP de las acusaciones de corrupción personal, requieren de un código más congruente en la respuesta a la crisis del caso Gürtel. De un código que establezca en qué momento de la instrucción judicial se ha de apelar a responsabilidades de orden político.